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El DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia ingresará al Congreso en los próximos días. La oposición reclama su tratamiento inmediato, cuestiona su constitucionalidad y anticipa una disputa clave en ambas cámaras.
La próxima semana, una vez cumplidos los diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial, el DNU 941/2025 deberá ser enviado al Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El decreto ingresará formalmente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que contará con otros diez días hábiles para emitir dictamen. Si ese plazo vence sin resolución, las cámaras quedarán habilitadas para tratar su validez directamente en el recinto.
Actualmente, la Bicameral está integrada solo de manera parcial. De sus 16 miembros, apenas nueve fueron designados, lo que generó reclamos de distintos bloques opositores para completar su conformación y acelerar el análisis del decreto.
Una vez emitido el dictamen -o vencidos los plazos- el debate pasará a Diputados y al Senado. Para rechazar el DNU, ambas cámaras deberán hacerlo con mayoría simple. En cambio, para ratificarlo alcanza con la aprobación de una sola cámara, con la misma mayoría.
Si el Congreso no logra reunir los votos necesarios para derogarlo, el decreto seguirá vigente.
En ese escenario, La Libertad Avanza apuesta a bloquear cualquier intento de rechazo. El oficialismo cuenta con 95 diputados y 21 senadores, mientras que la oposición primero deberá reunir el quorum: 129 legisladores en Diputados y 37 en el Senado.
En paralelo al debate parlamentario, diputados del interbloque Unidos, junto a referentes de la Coalición Cívica y el socialismo, presentaron un amparo judicial para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU.
En la presentación sostuvieron que el decreto afecta de manera directa el ejercicio de la función legislativa y vulnera el derecho de los legisladores a debatir y decidir sobre reformas de carácter estructural.
Desde el bloque justicialista que conduce el senador José Mayans cuestionaron la validez del DNU y señalaron que no existen razones de necesidad ni urgencia que justifiquen su dictado.
Según remarcaron, el Gobierno contaba con la posibilidad de enviar un proyecto de ley e incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias, pero optó por eludir el debate parlamentario. En ese marco, acusaron al presidente Javier Milei de avanzar sobre las instituciones y las libertades democráticas.
En la misma línea, el diputado Carlos Gutiérrez reclamó que la reforma sea discutida en el Congreso y cuestionó el destino de los fondos asignados a la SIDE, en contraste con la falta de recursos para áreas sensibles como universidades y salud pública.
Desde el Ejecutivo justificaron el decreto al sostener que los cambios a la Ley de Inteligencia se encuentran "alineados con los más altos estándares democráticos".
Aseguraron además que la reforma apunta a modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional, delimitar competencias, reducir su estructura y fortalecer los mecanismos de control estatal frente a amenazas contemporáneas.
El exjuez y presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, fue uno de los más críticos. Advirtió que el DNU representa una regresión institucional peligrosa, al habilitar facultades policiales y de detención en el marco de tareas de inteligencia.
En esa línea, sostuvo que el Poder Ejecutivo se autoatribuye funciones que corresponden al Congreso, lo que viola los límites constitucionales para el dictado de decretos de necesidad y urgencia.
Por su parte, el constitucionalista Antonio María Hernández recordó que la Constitución prohíbe de manera expresa que el Poder Ejecutivo legisle bajo pena de nulidad absoluta e insanable, y subrayó que cualquier reforma de este tipo debe pasar obligatoriamente por el Parlamento.
