Luego de la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno se enfoca en la reforma laboral que busca tratar en el Senado el 10 de febrero, aunque algunos artículos vinculados a impuestos encendieron alertas entre los gobernadores.
Con el dictamen ya firmado y el calendario legislativo en marcha, la reforma laboral aparece como el próximo gran objetivo del oficialismo. Sin embargo, el debate no estará exento de tensiones: los capítulos referidos al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria generan inquietud en las provincias por su impacto en la recaudación coparticipable.
Según fuentes legislativas, varios gobernadores siguen de cerca los artículos que eliminan el impuesto a la venta de inmuebles y reducen el porcentaje de Ganancias que pagan las empresas en las escalas más altas. Desde las provincias advierten que esas modificaciones podrían afectar directamente los fondos que reciben por coparticipación.
"Los gobernadores están un poco preocupados por eso", reconocieron en el Senado. Incluso desde una provincia aliada al Ejecutivo, que acompañó el Presupuesto y recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los últimos meses, expresaron reparos sobre ese tramo de la iniciativa.
"Si recibimos menos recursos y no hay una compensación, no creemos apoyar ese título del proyecto", señalaron desde uno de los distritos del Norte.
El escenario abrió la puerta a eventuales modificaciones en el proyecto. Mientras un sector del oficialismo se muestra reticente a tocar el dictamen ya conseguido, otro admite que podrían introducirse ajustes para garantizar el acompañamiento de los mandatarios provinciales.
En La Libertad Avanza también existe la intención de sostener la reforma laboral sin cambios profundos. No obstante, algunos legisladores advierten que, de avanzar sin consensos, la iniciativa podría perder fuerza política y enfrentar un destino similar al de la Ley Bases, que debió ser reformulada durante su tratamiento.
A esto se suma que no solo los gobernadores anticipan pedidos de revisión. Según reconoció Patricia Bullrich, antes de la firma del dictamen llegaron numerosas propuestas de modificación desde otros bloques del Senado.
En la Casa Rosada planean dejar transcurrir enero y retomar las negociaciones hacia fines de mes. El debate formal de la modernización laboral se daría durante las sesiones extraordinarias de febrero, previstas, por ahora, desde los primeros días del mes hasta el 27.
Desde el oficialismo se muestran confiados. "Después del número que se logró para aprobar el Presupuesto, creemos que va a ser más sencillo conseguir los votos", aseguraron fuentes de La Libertad Avanza.
En paralelo, la Cámara de Diputados también retomaría la actividad en febrero, con el inicio del tratamiento del nuevo Código Penal, otro de los proyectos centrales de la agenda legislativa del Gobierno.