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En el marco de la emergencia energética, el Gobierno habilitó la ejecución de 16 obras prioritarias para ampliar el transporte de energía eléctrica, con una inversión estimada en US$6600 millones que será financiada íntegramente por el sector privado.
La medida fue formalizada a través del decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y apunta a robustecer la red eléctrica nacional y prevenir cortes de suministro como los registrados en los últimos veranos. Las obras se desarrollarán bajo el régimen de concesión de obra, sin comprometer recursos del Estado.
Según lo dispuesto por la normativa, las empresas adjudicatarias podrán construir, operar y mantener la infraestructura eléctrica, asumiendo la totalidad de la inversión. El esquema se enmarca en la emergencia energética vigente hasta julio de 2026 y busca destrabar proyectos largamente postergados.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo central es resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia las zonas de mayor consumo.
El plan contempla más de 5600 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, consideradas estratégicas para mitigar riesgos de cortes masivos y fortalecer el sistema interconectado nacional.
Tal como había anticipado el Gobierno en julio, dentro del paquete de 16 obras se priorizarán inicialmente tres proyectos: AMBA I, región que concentra cerca del 40% del consumo eléctrico del país, y dos líneas de 500 kV que conectarán Mendoza y Chubut con la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar el abastecimiento hacia el principal nodo de demanda.
El decreto establece que las ampliaciones del transporte eléctrico se adjudicarán mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, bajo el régimen previsto en la Ley de Concesión de Obra.
La Secretaría de Energía será la encargada de llevar adelante todo el proceso licitatorio, desde la elaboración y aprobación de los pliegos hasta la evaluación de ofertas y la adjudicación de los contratos. En tanto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, actuará como autoridad de aplicación y control.
Desde el área energética destacaron que la iniciativa busca normalizar el funcionamiento del sector eléctrico, crear condiciones para atraer inversiones privadas y mejorar la seguridad energética, un factor clave para el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que hoy afectan a usuarios residenciales, industrias y distintas regiones del país.
