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La iniciativa busca obligar a Nación, provincias y municipios a sostener el equilibrio financiero. Prohíbe presupuestos deficitarios, habilita ajustes automáticos y establece penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios que violen las reglas fiscales o la emisión monetaria.
La propuesta de "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", surgida del Consejo de Mayo, introduce un paquete de reglas estrictas para garantizar el equilibrio fiscal y evitar que la Administración Nacional incurra en déficit. El proyecto alcanza también a provincias y municipios, que no podrán excederse en sus gastos sin arriesgar sanciones.
La iniciativa, a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, prevé además penas penales para funcionarios que desvíen el gasto autorizado o incumplan con las restricciones de emisión monetaria del Banco Central.
El Título I del proyecto establece que el Presupuesto Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. De forma explícita, queda prohibida la aprobación de un presupuesto deficitario.
En caso de que, durante la ejecución, exista una caída en los ingresos o un aumento de gastos que ponga en riesgo la meta fiscal, el Jefe de Gabinete podrá aplicar un "Mecanismo de ajuste" para recuperar el equilibrio, previa presentación de un Informe de Sustentabilidad Fiscal.
Las reducciones deberán aplicarse primero sobre partidas que no tengan asignación mínima por ley.
El texto refuerza la responsabilidad administrativa de los funcionarios, quienes no podrán asumir gastos no autorizados ni comprometer recursos sin financiamiento asegurado. También exige que el Poder Ejecutivo se abstenga de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario.
Para evitar leyes con impacto fiscal inconsistente, se incorpora el "Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo", obligatorio para todo proyecto que incremente gastos o afecte ingresos. El informe será requisito previo al debate en comisiones.
Además, se establece la "Vigencia Diferida": Toda ley que establezca nuevos gastos comenzará a regir recién cuando esas partidas sean incluidas en el presupuesto del año siguiente, salvo que la norma garantice su financiamiento con recursos concretos, específicos y suficientes que no afecten el equilibrio fiscal.
La iniciativa incluye por primera vez consecuencias penales para funcionarios que rompan las reglas fiscales.
. Nulidad absoluta
Toda norma que viole estos principios será "nula de nulidad absoluta e insanable".
. Sanción penal por gasto irregular
Se incorpora al Código Penal una figura que prevé:
Prisión de 1 a 6 años
Inhabilitación absoluta para el funcionario que incremente gastos sin financiamiento acreditado o viole las reglas de la ley.
. Sanción penal por emisión monetaria irregular
Se penaliza a funcionarios del Banco Central que ordenen o autoricen emisión en contra de las prohibiciones vigentes:
Prisión de 3 a 10 años
Inhabilitación absoluta
La propuesta forma parte del paquete de reformas institucionales orientadas a blindar el equilibrio fiscal y limitar la discrecionalidad del gasto público, con un énfasis particular en la responsabilidad penal de los funcionarios.
