Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio de arresto domiciliario otorgado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta.

En un escrito de 33 páginas, los fiscales solicitaron que se revoque la prisión domiciliaria para que la exmandataria "continúe cumpliendo la pena impuesta en una unidad carcelaria". La decisión final quedará en manos de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Luciani y Mola argumentaron que "jamás existieron motivos reales" para otorgarle el beneficio y advirtieron sobre el "impacto social negativo" de la medida. También señalaron que hay una "desvirtuación" en la forma en la que se está cumpliendo la pena.

La domiciliaria fue otorgada por el Tribunal Oral Federal 2 el pasado 17 de junio, en base al atentado que sufrió la expresidenta en septiembre de 2022 y a la falta de garantías de seguridad en una cárcel común.

Actualmente, Fernández de Kirchner cumple la condena con tobillera electrónica, en su domicilio de San José 1111, barrio de Constitución, bajo un régimen estricto de visitas.

Los fiscales remarcaron que "la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario" y cuestionaron la seguridad en el entorno de su casa, además del "trato desigual" frente a otros condenados sin beneficios.