El Gobierno nacional avanza con una reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluirá la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un organismo especializado en el abordaje de delitos federales y complejos. La iniciativa ya cuenta con un borrador final de decreto que modificaría la Ley Orgánica de la PFA (N.º 21.965), aunque aún no tiene fecha de publicación en el Boletín Oficial.

Inspirada en estructuras como el FBI de Estados Unidos y la Policía Federal de Brasil, la nueva arquitectura institucional busca que la fuerza se concentre en la prevención, detección, investigación y desarticulación de organizaciones criminales. Entre las modificaciones más relevantes, se destaca un nuevo régimen de ingreso basado en universitarios graduados, la declaración de emergencia de la fuerza por dos años y la habilitación de contrataciones directas bajo el decreto 1023/01.

Además, se prevén cambios en la carrera policial, con mecanismos que permitan a suboficiales con formación y experiencia ascender a oficiales sin pasar por los procesos tradicionales. Se implementará también un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño, respaldado por una plataforma de información centralizada.

El DFI estará a cargo de la investigación criminal federal a través de superintendencias con puestos regionales, distribuidos según áreas temáticas como narcotráfico, seguridad del Estado, operativos especiales y protección de riesgos estratégicos. El objetivo es elevar un 10% anual la presencia federal en las provincias, buscando una redistribución progresiva del personal: 60/40% en 2025 y 50/50% en 2026, para revertir la actual concentración del 70% de los agentes en el AMBA.

Otra de las medidas contempladas es la facultad de intervenir en redes sociales y espacios digitales sin orden judicial previa cuando se trate de tareas de prevención, así como la posibilidad de realizar detenciones y requisas sin orden judicial en casos justificados, con un límite de 10 horas para la demora.

También se proyecta la creación del Departamento Federal de Coordinación (DFC), que se encargará de funciones técnico-administrativas como Recursos Humanos y Comunicaciones, y coordinará acciones con las fuerzas provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) y otras agencias del Estado.

Finalmente, se establecerá un sistema de supervisión sobre las Agencias Federales de Investigación, con equipos especializados en investigación forense, protección de infraestructura crítica y análisis criminal, todo en el marco de una apuesta por modernizar y federalizar la capacidad operativa del Estado en materia de seguridad.