Tras anunciar la eliminación de las jubilaciones de privilegio, el Gobierno denunció penalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta "estafa y defraudación a la Administración Pública", al considerar que percibía una bonificación indebida al declarar residencia en zona austral, cuando en realidad vivía en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, y también incluye el delito de "falsedad ideológica", al acusar a la exvicepresidenta de haber registrado un domicilio en zona austral presuntamente falso.

Según la normativa vigente, los jubilados que residen en la región austral del país reciben un incremento en sus haberes como compensación por el costo de vida en esas zonas. Desde el Gobierno aseguran que Fernández de Kirchner percibía ese adicional sin cumplir con el requisito de residencia efectiva.

Este nuevo conflicto se da en el marco de la decisión del Ejecutivo de avanzar con la quita de jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes, lo que generó una fuerte disputa política.