El Ministerio de Desregulación informó que alrededor de 10.000 empleados públicos, de los cuales 6.500 forman parte de la planta permanente, están sujetos a una intimación para tramitar su jubilación, según estimaciones de la cartera. El organismo firmó un convenio con la Anses para determinar quiénes están en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio.

El objetivo, según el ministerio, es asegurar una gestión más eficiente de los recursos humanos en el Sector Público Nacional. La medida fue formalizada mediante la Resolución 3/24, que obliga a todas las áreas del gobierno a intimar a los empleados en condiciones de jubilarse en un plazo de 30 días.

Para implementar este proceso, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública firmó un Convenio de Intercambio Electrónico de Información con la Anses, facilitando la identificación de los empleados que cumplen con los requisitos jubilatorios.