Los opositores convocaron al debate el 5 de julio pasado luego de que intentaran, en vano, derogar la ley actual. El oficialismo y la izquierda se opusieron. Ratificada la sesión, ahora la responsabilidad de los bloques de la oposición será no solo reunir el quorum -129 diputados presentes en el recinto- sino también acordar una propuesta común superadora a la del oficialismo, que pretende mantener la normativa vigente.

En este escenario, una de las alternativas es la derogación lisa y llana de la ley, propuesta que agita el bloque libertario de Javier Milei (La Libertad Avanza) y un sector de Pro. Sin embargo, esta propuesta difícilmente pueda avanzar en el recinto por cuanto no tiene dictamen de comisión y, por lo tanto, requeriría de una mayoría agravada de dos tercios para ser aprobada.

En efecto, el dictamen establece que la validez de los contratos se mantenga en tres años, con una actualización anual, con un tope que fije el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios. Asimismo, el oficialismo propone una serie de incentivos fiscales para monotributistas propietarios, así como también un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

La oposición, en cambio, coincide en modificar la ley actual para que los contratos de alquileres vuelvan al plazo de dos años y que el ajuste sea acordado entre las partes. En cuanto a las actualizaciones de los contratos, el dictamen acordado establece que los ajustes podían realizarse con la periodicidad por intervalos de entre 3 y doce 12 meses. Sin embargo, este último punto podría ser revisado.