La dirigente social es juzgada por un hecho en el que no participó
La defensa de la dirigente social Milagro Sala pidió a la Cámara Federal de Casación Penal la nulidad del juicio que se le sigue por un escrache realizado al actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009, e insistió en la prescripción de la causa, informaron fuentes vinculadas al caso.

La solicitud de los abogados obedece a que en el expediente se comprobó que a uno de los condenados, Ramón Gustavo Salvatierra, se le impidió "designar" al abogado de su confianza, lo que consideraron causal de nulidad, situación que "puede hacer caer", las sentencias contra todos los imputados, dijeron los informantes.

"Pedimos como acción principal la prescripción de las acciones penales en contra de Milagro Sala y Graciela López y subsidiariamente la nulidad de todo el juicio por la imposición de defensor oficial a Ramón Salvatierra, por impedimento a designar un abogado de confianza", explicó a Télam Luis Paz, uno de los abogados de la referente de la Tupac Amaru.

El representante legal repasó que la Corte Suprema de Justicia le ordenó a Casación que le pida a Salvatierra que "designe un abogado de confianza al entender que desde los actos iniciales del juicio se le había violentado el derecho de defensa al no poder llamar a un abogado de confianza y eso alteró todo el debate".

En 2016, Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado "en su carácter de instigadora", mientras fue sobreseída por la figura de amenazas porque el Tribunal Oral Federal de Jujuy consideró en ese momento que esa acción estaba prescripta.

Pero Casación luego intervino, agravó el tipo penal a "amenazas coactivas" y dispuso que debía emitirse una nueva sentencia.

Ese fallo de Casación, de junio de 2017, fue firmado por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, quienes este año fueron noticia al hacerse público, en los dos primeros casos, que durante la gestión de Cambiemos visitaban con regularidad al entonces presidente Mauricio Macri, tanto en Olivos como en la Casa Rosada.

El pasado 17 de junio el TOF jujeño agravó la pena para Sala, sumándole seis meses de condena al fallo dictado, situación que llevó a los abogados defensores a recurrir nuevamente esa sentencia.

La defensa de Sala plantea que la causa por el escrache, ocurrido hace 12 años, es un hecho en el que ella no participó, pero además recordaron que la dirigente -con prisión domiciliaria- no puede volver a la cárcel porque su situación está protegida por una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo impide por razones de salud física y mental.

"La Cámara de Casación tiene dos caminos: dictar la prescripción de la causa porque el plazo para persecución penal venció en diciembre pasado, o subsidiariamente la nulidad de todo lo actuado, o sea tendría que haber un nuevo juicio", consideró Paz.

El abogado refirió que el próximo 8 de julio Sala "cumple 2.000 días de detención arbitraria y el reclamo por su libertad sigue siendo un hecho que está vigente, y más por las últimas acciones que llevó adelante el gobernador, Gerardo Morales".

Paz recordó que los "hostigamientos judiciales y mediáticos en la provincia de Jujuy", previo a las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, "demostraron que con dos semanas de antelación al proceso electoral, se utilizó herramienta preferida que es el uso del Poder Judicial tanto federal como ordinario ha estado absolutamente manifiesto" para ir contra la líder de la Tupac Amaru.

"Tenemos la necesidad de expresarnos en las calles porque que Milagro Sala sea una presa política lo dejamos de decir nosotros, porque la CIDH lo dijo expresamente", indicó finalmente.