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El gobierno de Donald Trump prohibió transacciones comerciales y financieras con el tribunal de La Haya tras la consagración de la exjueza Navi Pillay con el Nobel de la Paz, desatando una fuerte crisis con sus aliados europeos.
La administración del presidente estadounidense Donald Trump impuso este viernes un amplio paquete de sanciones económicas contra la Corte Penal Internacional (CPI), desatando un nuevo foco de colisión diplomática con las potencias europeas. La determinación se conoció pocas horas después de que el Comité noruego concediera el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien se desempeñó como jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya entre 2003 y 2008.
El gobierno de Benjamin Netanyahu calificó de "grotesca" la distinción concedida a la abogada sudafricana, quien encabezó la comisión investigadora de la ONU que denunció la comisión de genocidio en la Franja de Gaza.
A diferencia de medidas previas que alcanzaban únicamente a fiscales y magistrados a título individual, la orden ejecutiva prohíbe de manera general a empresas y entidades bajo jurisdicción estadounidense prestar servicios comerciales, tecnológicos y financieros a la propia institución judicial. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, fundamentó la medida al sostener que Washington "nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a ciudadanos estadounidenses", calificando al organismo multilateral como un "tribunal rebelde" y advirtiendo que la Casa Blanca cortará sus recursos para asfixiar su capacidad operativa.
Desde los Países Bajos, la fiscal general adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó enérgicamente el bloqueo dictado por Washington y remarcó que las penalidades no detendrán los expedientes en curso. La funcionaria sostuvo que las sanciones buscan socavar el Estado de derecho a escala global y la independencia de la magistratura internacional, ratificando que las investigaciones, requerimientos y juicios en trámite continuarán inalterables en todas las jurisdicciones asignadas.
Previendo la posibilidad de un embargo económico directo desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, las autoridades administrativas del tribunal iniciaron meses atrás un plan de contingencia tecnológica y operativa: sustituyeron el software propietario de firmas norteamericanas por sistemas de código abierto y reconfiguraron sus contratos de cobertura médica y cuentas bancarias en plazas europeas. En paralelo, el secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler, solicitó a la Unión Europea la activación del mecanismo legal de bloqueo para blindar a las empresas del bloque frente a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos.
La confrontación de Washington responde al rechazo a las órdenes de captura internacional dictadas contra líderes del gobierno de Israel, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como a las pesquisas históricas sobre la actuación de tropas norteamericanas en Afganistán. La medida abre una delicada brecha con los 125 Estados miembros que ratificaron el Estatuto de Roma, entre los cuales figuran la totalidad de los países de la Unión Europea y casi todos los integrantes de la OTAN, con excepción de Turquía y el propio Estados Unidos.
Rubio remarcó que la Casa Blanca espera que sus aliados tradicionales utilicen su influencia política para frenar las actuaciones del tribunal, advirtiendo que de lo contrario Washington continuará intensificando las medidas punitivas. No obstante, para amortiguar el impacto inmediato y conceder un margen de negociación formal a los países miembros, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió cuatro licencias generales extraordinarias que habilitan temporalmente operaciones de telecomunicaciones, soporte informático básico, pago de pensiones y transacciones vinculadas a la custodia de personas detenidas bajo proceso en La Haya.
