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El titular de la Cámara de Diputados abrió el diálogo con bloques aliados para allanar el camino al proyecto presupuestario; la Casa Rosada busca atar su aprobación a la reforma electoral y la eliminación de las PASO frente a las demandas de las provincias.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso formalmente en marcha el engranaje político para debatir el Presupuesto 2027, con el objetivo de construir una mayoría parlamentaria que garantice su sanción. Como parte de ese esquema, el próximo miércoles se reunirá la comisión de Presupuesto y Hacienda para recibir al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien oficiará como único vocero técnico oficial de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
La estrategia libertaria de prescindir de exposiciones directas de los principales referentes económicos apunta a blindar el proyecto técnico de cruces partidarios de alto voltaje, trasladando la disputa hacia una negociación política reservada y quirúrgica. En ese marco, Menem y Guberman mantuvieron un encuentro previo en la presidencia de la Cámara con representantes legislativos del PRO, UCR, MID, Argentina Federal, Independencia y Elijo Catamarca, bloques bisagra cuyos votos resultan indispensables para alcanzar el quorum y la media sanción.
Durante la reunión a puertas cerradas, los legisladores alineados con mandatarios provinciales presentaron un listado detallado de exigencias presupuestarias que el Gobierno nacional no podrá eludir si busca avanzar con el tratamiento legislativo. Entre las prioridades señaladas se destacan:
Partidas para el financiamiento de las universidades nacionales: actualización de gastos de funcionamiento y masa salarial docente.
Fondo de emergencia en discapacidad: partidas destinadas a sostener coberturas integrales y aranceles a prestadores.
Reactivación de obra pública paralizada: fondos comprometidos en convenios bilaterales de infraestructura que las provincias reclaman hace meses.
Si bien Guberman tomó nota de las demandas sectoriales sin anticipar concesiones inmediatas, en el oficialismo asumen que la negociación fiscal es el punto neurálgico para consolidar el armado político en el recinto.
Desde la Casa Rosada buscan utilizar el tratamiento del Presupuesto como plataforma de lanzamiento para un paquete legislativo de mayor alcance, que contempla el proyecto de reforma política, la derogación de las elecciones primarias (PASO), la ley de Propiedad Privada y una iniciativa vinculada a las islas Malvinas. Aunque el oficialismo sostiene contar con los votos para derogar las PASO, varios gobernadores pretenden postergar el debate electoral para las sesiones extraordinarias de febrero para evitar fisuras en sus propios armados territoriales.
Mónica Almada, representante del oficialismo en la AGN, firmó en disidencia el capítulo sobre derivados por USD 1.023 millones, acusó a la oposición de montar una maniobra política y respaldó la estrategia del presidente del Banco Central.
Consciente de que la suerte de la ley de leyes está atada a la voluntad de las administraciones provinciales, el Ejecutivo mantiene activos los canales de mediación mediante Diego Santilli como articulador político. En paralelo, la Jefatura de Gabinete retomó la ronda de reuniones directas con gobernadores, recibiendo en los últimos días al tucumano Osvaldo Jaldo y completando la agenda semanal con el mandatario correntino Juan Pablo Valdés.
