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La medida cautelar de la Corte Suprema que restableció las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros desactivó la presión de los bloques aliados, dejando sin número a la oposición que buscaba anular el megadecreto el próximo miércoles.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) celebró con marcado optimismo el impacto político del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió la derogación de la Ley de Tierras. En los despachos de la Casa Rosada aseguran que la resolución judicial desactivó el principal argumento de los bloques dialoguistas para sumarse a la ofensiva opositora, dejando prácticamente sin quórum la sesión especial convocada para el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados, donde se buscaba derogar formalmente el DNU 70/2023.
La intentona de voltear el megadecreto desregulador de 366 artículos —considerado por el Gobierno como la columna vertebral del programa económico de Javier Milei— había cobrado fuerza semanas atrás cuando la Corte desestimó el reclamo del CECIM La Plata, lo que en los hechos dejaba vigente la liberación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ante ese escenario, sectores opositores impulsaban el rechazo definitivo del decreto en el recinto. Sin embargo, la medida cautelar interina dictada este viernes en la causa "Árbol de Pie" restituyó preventivamente los límites legales vigentes en la Ley 26.737, quitando urgencia al debate.
Para terminar de bloquear la sesión opositora, el oficialismo desplegó una maniobra legislativa paralela orientada a contener a los bloques provinciales y al PRO. La bancada libertaria reactivó en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, incorporando expresamente las cláusulas de restricción a la titularidad de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Al brindar un canal de resolución legislativa propio al tema territorial, las bancadas aliadas confirmaron que no bajarán al recinto a dar número.
Frente a la sangría de voluntades y la imposibilidad de reunir los 129 diputados requeridos, los bloques más duros de la oposición comenzaron a evaluar una vía alternativa: retirar el tratamiento del DNU 70/2023 del temario formal. El objetivo de este repliegue táctico es salvar la sesión y habilitar la votación de otros dos proyectos con amplio consenso transversal: las iniciativas vinculadas a la emergencia en Discapacidad y el régimen de Morosidad.
En el plano político, el freno judicial representó un alivio estratégico para el Poder Ejecutivo en Balcarce 50, permitiéndole despejar una amenaza directa sobre su andamiaje institucional y concentrar los esfuerzos en sus dos prioridades parlamentarias inmediatas: la sanción del Presupuesto 2027 y la derogación de las elecciones PASO.
El titular de la Cámara de Diputados abrió el diálogo con bloques aliados para allanar el camino al proyecto presupuestario; la Casa Rosada busca atar su aprobación a la reforma electoral y la eliminación de las PASO frente a las demandas de las provincias.
Para destrabar el paquete de reforma política, el Gobierno descartó un acuerdo colectivo con las provincias y optó por una negociación individual provincia por provincia coordinada por Diego Santilli. Dado que la eliminación de las primarias genera fuertes reparos incluso dentro del arco aliado y entre mandatarios provinciales que prefieren postergar el debate electoral hacia febrero, en la Casa Rosada admiten que deberán flexibilizar posturas y habilitar modificaciones al texto original para asegurar una mayoría ajustada.
