· Domingo1 de febrero de 2026 · · 18°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 18°C
La DGE y el Ministerio Público Fiscal intervinieron la Escuela General San Martín tras difundirse fotos y videos privados de una trabajadora. La principal hipótesis apunta a que el contenido fue sustraído desde una computadora de informática.
Un grave episodio de vulneración a la intimidad sacudió a la comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín, en el departamento mendocino homónimo, luego de que saliera a la luz la viralización de imágenes y videos privados de una preceptora entre el alumnado. La situación derivó en la intervención formal del Ministerio Público Fiscal y en la activación inmediata de un protocolo institucional por presunto ciberdelito coordinado por la Dirección General de Escuelas (DGE).
De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, el material comenzó a circular mediante teléfonos celulares entre grupos de estudiantes de nivel secundario. Las sospechas se orientan a que los archivos fueron sustraídos de una máquina perteneciente a la sala de informática de la institución, donde la empleada escolar habría dejado involuntariamente abierta su sesión de correo electrónico o almacenamiento digital personal, circunstancia aprovechada para la descarga indebida de los archivos antes de que otro alumno alertara a las autoridades del establecimiento.
A partir de la radicación de la denuncia penal, peritos de la división de Delitos Telemáticos se hicieron presentes en el colegio para secuestrar y peritar la computadora sindicada. La labor forense buscará rastrear registros de accesos, dispositivos de almacenamiento externos conectados y los horarios precisos en los que se produjo la extracción de los datos para individualizar a los responsables materiales del hecho.
El marco procesal adquiere una gravedad particular frente a la reciente baja en la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo que aquellos alumnos que hayan participado de la sustracción directa, manipulación deliberada o extorsión con los registros podrían enfrentar consecuencias penales concretas bajo la órbita de los fueros juveniles provinciales.
En paralelo a las diligencias judiciales, la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) desplegó un operativo de contención en las aulas durante la jornada del lunes. Los especialistas mantuvieron audiencias informativas con los adolescentes sobre la gravedad jurídica de difundir contenido sin consentimiento y convocaron formalmente a los progenitores de los estudiantes que tenían las imágenes en su poder, complementando las tareas con talleres del equipo de Educación Sexual Integral (ESI).
El antecedente más cercano en territorio mendocino se remonta a abril pasado en el departamento de Lavalle, cuando un grupo de alumnos fue objeto de una investigación formal ante la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual tras haber diseñado y diseminado en la web material íntimo y vulneratorio, obligando a intensificar las campañas oficiales contra el ciberacoso y la difusión no consentida de registros privados en el ámbito escolar.
