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El proyecto remitido a la Cámara de Diputados abarca el ciclo 2026-2027 y prevé un plazo de 180 días prorrogables. El objetivo central es acelerar contrataciones directas para obras hidráulicas, limpieza de cauces y mantenimiento de caminos ante posibles contingencias.
El Poder Ejecutivo de Mendoza remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar la emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático en todo el territorio provincial. La iniciativa parlamentaria responde a los informes y modelos meteorológicos proyectados para el ciclo 2026-2027, los cuales anticipan la consolidación del fenómeno global conocido como "Súper Niño", caracterizado por temporales severos, crecidas imprevistas y un régimen de lluvias extraordinarias con alto potencial destructivo sobre la infraestructura vial, los servicios básicos, la población vulnerable y la matriz productiva local.
El texto legislativo estipula una vigencia inicial de 180 días, contemplando la potestad del Poder Ejecutivo de extender el plazo por un período idéntico mediante decreto fundado si las condiciones atmosféricas adversas persisten. El propósito neurálgico del marco legal consiste en dotar a los organismos técnicos de herramientas administrativas sumarísimas, habilitando esquemas de contratación directa de bienes, servicios y obras para sortear los plazos burocráticos tradicionales frente a contingencias o desbordes fluviales inminentes.
Bajo este paraguas extraordinario, la Provincia articulará intervenciones conjuntas entre ministerios de gobierno, las dieciocho municipalidades, las empresas concesionarias de servicios públicos y el Departamento General de Irrigación. El cronograma de prioridades se concentrará en la ejecución urgente de obras hidráulicas de defensa aluvional, la remoción de sedimentos y limpieza profunda de cauces, canales de drenaje y colectores pluviales, la reparación continua de caminos rurales y de montaña, junto con la modernización y ampliación de los sistemas de alerta temprana.
Desde el Ejecutivo subrayaron que la celeridad que otorga el régimen de excepción estará sujeta a estrictos criterios de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. En ese marco, todas las contrataciones y erogaciones financieras destinadas a mitigar las eventuales tormentas deberán documentarse para su posterior auditoría institucional, garantizando una respuesta logística inmediata sin resignar los parámetros de control sobre el gasto público provincial.
