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El plenario de comisiones comenzó a tratar la iniciativa que deroga la Ley 26.659, fija penas de hasta siete años de cárcel y multas de hasta 100.000 barriles de crudo para quienes operen sin permiso en Malvinas. Surgieron objeciones de aliados por las facultades militares del Presidente.
La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles el tratamiento legislativo del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa orientada a endurecer sustancialmente las sanciones contra la explotación ilícita de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El debate se formalizó en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal —presididas por los diputados oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado—, con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo y el objetivo político de emitir dictamen el 6 de octubre para desembarcar en el recinto el día 7.
El texto en discusión deroga la Ley 26.659 y amplía el régimen penal y administrativo a cualquier recurso natural, renovable o no renovable, que sea extraído o explotado sin la debida autorización de la República Argentina. El articulado estipula penas de cinco a siete años de prisión, multas monetarias valuadas en el equivalente a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo e inhabilitaciones especiales no solo para los operadores directos, sino también para quienes provean bienes o servicios logísticos a sabiendas de la infracción. Asimismo, los infractores quedarán vedados de operar comercialmente en el país, perderán beneficios fiscales y verán revocadas sus concesiones con el Estado nacional, las provincias y los municipios.
Otro de los pilares de la propuesta libertaria radica en la creación formal del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo rector encabezado de forma directa por el Presidente de la Nación con injerencia sobre el diseño estratégico y la coordinación de las políticas sectoriales de defensa. No obstante, el proyecto despertó inmediatas advertencias en sectores afines, particularmente desde el bloque desarrollista del MID. El diputado Eduardo Falcone advirtió que el esquema actual omite la autorización obligatoria del Congreso Nacional para represalias armadas: "La Constitución indica que los actos de guerra deben ser autorizados por el Congreso; el texto no contempla esa intervención y faculta al Presidente a delegar órdenes de fuego o intercepción en el ministro de Defensa".
El juez federal Martín Cormick fijó un plazo perentorio de cinco días para aplicar la medida cautelar que quedó firme en la Corte Suprema, bajo apercibimiento de astreintes. En paralelo, los docentes de la UBA y de todo el país iniciaron una huelga de tres días por salarios.
El señalamiento abrió una controversia pública con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien retrucó que la mayoría de los escenarios en el Atlántico Sur no involucran buques militares extranjeros sino "vectores civiles" que vulneran la jurisdicción económica argentina. En paralelo al inicio del debate parlamentario, el peronismo realizó un acto en la Cámara baja encabezado por el diputado Eduardo Valdés y el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks en homenaje a los 60 años del histórico Operativo Cóndor, reivindicando el reclamo imprescriptible de soberanía territorial frente a referentes diplomáticos y exministros.
