El gobernador Alfredo Cornejo estableció una suba del 7% en septiembre y 4% en noviembre para el régimen salarial 10 del Poder Judicial. El Ejecutivo justificó la medida para evitar desigualdades frente al resto de la administración pública.

El Gobierno de Mendoza resolvió por la vía administrativa el conflicto salarial con el personal del Poder Judicial. Tras el fracaso definitivo de las negociaciones paritarias con la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto 1969, publicado este viernes en el Boletín Oficial, mediante el cual dispuso una actualización salarial escalonada para el sector comprendido dentro del régimen salarial 10 (clases 8 a 23). La disposición oficial establece una suba del 7% para septiembre y un 4% para noviembre, porcentajes no acumulativos que se liquidarán calculados sobre la base salarial fija de junio pasado.
Desde el Poder Ejecutivo fundamentaron la decisión en la necesidad de resguardar el principio de equidad distributiva entre los agentes del Estado. Mientras la mayor parte de las representaciones sindicales de la administración pública provincial convalidaron los esquemas salariales para el segundo semestre, la falta de entendimiento con la cúpula judicial amenazaba con congelar los haberes del sector en un contexto de inflación persistente, generando una disparidad frente al resto de los escalafones estatales que sí cerraron sus respectivos acuerdos de recomposición.
En los considerandos de la norma, el Gobierno provincial remarcó que las propuestas acercadas a la mesa paritaria se estructuraron sobre el límite estricto de la recaudación fiscal y los índices de costo de vida, priorizando el sostenimiento del equilibrio financiero provincial. Frente a la negativa reiterada del sindicato, que calificó de insuficientes las ofertas oficiales y rechazó suscribir las actas paritarias, el gabinete provincial consideró agotadas las instancias convencionales para evitar dilaciones perjudiciales en la acreditación de haberes de los trabajadores.
El decreto lleva las firmas del mandatario provincial, del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del titular de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Al tratarse de un incremento otorgado de forma unilateral por fuera de los acuerdos colectivos de trabajo, la disposición administrativa deberá ser remitida de inmediato a la Legislatura de Mendoza para su tratamiento y correspondiente ratificación legislativa en ambas Cámaras.