La provincia de Mendoza aprobó este martes una normativa que faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a realizar intervenciones preventivas administrativas sobre inmuebles que se encuentran abandonados, usurpados o en notorio deterioro y que representan un riesgo para la tranquilidad de barrios y ciudades. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 5425, publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto de la resolución, el propósito principal del protocolo no es quitar la titularidad de las propiedades, sino actuar de manera ágil para neutralizar espacios que han perdido control por parte de sus dueños y que, por ello, se han convertido en focos de delincuencia, acumulación de escombros o lugares utilizados con fines ilícitos.

Medidas concretas y límites legales

Entre las facultades que la norma otorga al Estado se encuentran la clausura parcial de inmuebles, el tapiado de accesos, el cierre de aberturas y, en casos extremos, demoliciones preventivas cuando la situación estructural representa un peligro para la comunidad o fomenta la comisión de delitos. Estas acciones, siempre de carácter administrativo y preventivo, se ejecutan sin afectar la titularidad registral de los bienes, lo que significa que los propietarios mantienen sus derechos sobre las mismas.

El enfoque de la medida es equilibrado: las intervenciones deben ser provisionales, proporcionales y estrictamente preventivas, levantándose cuando cesa el riesgo que motivó su aplicación.

Criterio de actuación y coordinación con municipios

El protocolo promueve la coordinación entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y los gobiernos municipales, invitando formalmente a los intendentes a suscribir convenios que permitan articular quién verifica, quién ejecuta y con qué recursos se sostienen las acciones en el territorio. Esto incluye desde la identificación de inmuebles problemáticos hasta la ejecución de medidas como cerramientos o demoliciones parciales.

Asimismo, se prevé la participación de la Policía de Mendoza como actor clave en la primera respuesta, actuando sobre los "objetos generadores de inseguridad" cuando exista peligro para la comunidad.

Impacto en los barrios y seguridad ciudadana

La herramienta fue diseñada a partir de un diagnóstico de los propios vecinos y autoridades, que detectaron propiedades que quedaron fuera del uso habitual de sus dueños y se transformaron en puntos de acumulación de riesgo, utilizados incluso como "aguantaderos" por personas vinculadas a actividades delictivas o que deterioran la convivencia barrial.

Con este protocolo, el Gobierno provincial busca fortalecer la seguridad pública y la calidad de vida urbana, ofreciendo una respuesta estatal más rápida ante situaciones que históricamente demandaban largos procesos judiciales o no contaban con un marco legal claro para su resolución.

La expectativa oficial es que, junto con los municipios, este instrumento permita mejorar el entorno urbano, reducir la percepción de inseguridad y recuperar espacios degradados para uso comunitario, sin vulnerar el derecho de propiedad de los ciudadanos.