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El Poder Ejecutivo nacional modificó el régimen del "recargo de servicio" para miembros de las fuerzas policiales y penitenciarias, asegurando que perciban este adicional salarial en casos de licencias por salud, cirugías o embarazo de alto riesgo, mediante la intervención de juntas médicas y organismos de salud oficiales.
El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso este martes, a través del Decreto 2939 publicado en el Boletín Oficial, cambios en el régimen que establece el pago del adicional por "recargo de servicio" para el personal policial y penitenciario que se encuentre con licencias por razones de salud, intervenciones quirúrgicas o embarazo de alto riesgo.
Según la normativa, este adicional salarial -que compensa la ausencia por servicio activo- seguirá siendo abonado en su totalidad cuando los agentes estén bajo estas licencias siempre que la situación esté respaldada por certificados médicos y el correspondiente control de la Junta Médica establecida, además del registro ante la obra social OSEP o el organismo sanitario equivalente.
El decreto también incorpora condiciones específicas para enfermedades catastróficas y casos donde el alta médica se otorgue más allá de los siete días posteriores a una cirugía, consolidando un criterio uniforme tanto para policías como para el personal penitenciario.
Para acceder al beneficio, el personal debe presentar el certificado médico correspondiente, debidamente acreditado y registrado ante OSEP, así como la evaluación de la División de Sanidad Policial o la Junta Médica del Servicio Penitenciario, según el caso. Esta intervención técnica es clave para justificar la necesidad y duración de la licencia, así como para determinar el derecho al cobro del recargo total.
Este esquema también incorpora criterios actualizados derivados de auditorías realizadas durante 2024 y 2025 sobre el sistema de licencias de los cuerpos de seguridad, con el objetivo de ordenar y transparentar su uso, especialmente en casos prolongados o con antecedentes de acumulación extensa de días de licencia.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, que conduce Mercedes Rus, explicaron que la modificación busca proteger económicamente a los agentes que por razones de salud ven afectado el cobro de sus compensaciones, enmarcando la medida dentro de las facultades reglamentarias previstas en la legislación vigente.
Este cambio responde a reclamos de sectores del personal de seguridad y penitenciario sobre la pérdida de ingresos en situaciones de licencia por motivos ajenos a su voluntad, y se enmarca en un contexto más amplio de ajustes y ordenamientos en la carrera administrativa y salarial del sector.
