Las autoridades sanitarias provinciales alinearon la política de inmunización contra COVID-19 con las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que priorizan la protección de quienes tienen más probabilidad de sufrir complicaciones graves por el coronavirus.

Bajo este esquema, la vacunación gratuita en el sistema público de salud estará disponible principalmente para personas que integran los llamados grupos de riesgo, que incluyen:

• Personas de 65 años y más.

• Embarazadas y personas con comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica y otras condiciones que aumentan la severidad.

• Personal de la salud y estratégico (como fuerzas de seguridad) con exposición a situaciones de riesgo epidemiológico.

Este cambio implica que quienes no formen parte de esos grupos -aunque deseen vacunarse- podrían tener cobertura a través del sector privado o herramientas alternativas, en lugar de la gratuidad total que estuvo vigente en fases anteriores de la pandemia.

Por qué se priorizan grupos de riesgo

El ajuste en la política de vacunación responde a dos factores que vienen siendo destacados por expertos sanitarios: la situación epidemiológica actual, con un descenso en la circulación viral comparado con picos anteriores, y la disponibilidad de recursos, que busca concentrarse en proteger a quienes tienen mayor probabilidad de hospitalización o desenlaces graves.

Desde Nación se ha señalado que la vacunación contra COVID-19 en el sector público seguirá siendo gratuita para personas mayores, con comorbilidades o en servicios esenciales, mientras que la cobertura del resto de la población dependerá también de decisiones de cada jurisdicción.

Cómo impacta en Mendoza

En la práctica, esta estrategia cambia el modo en que la campaña se implementa: se enfatiza la protección prioritaria de grupos vulnerables y la administración de dosis de refuerzo en esos segmentos. Aunque Mendoza había tenido diferentes métodos de vacunación progresiva desde el inicio de la campaña -como apertura por edad y grupos prioritarios-, el nuevo enfoque puede reducir la gratuidad universal en el sector público para toda la población.

Las autoridades locales vienen implementando la vacunación en etapas previamente, priorizando mayores de 40 años, embarazadas, personal sanitario y personas con factores de riesgo, lo que ya marcaba la pauta de focalización antes de este ajuste formal.

Qué queda por definirse

Aún resta determinar cómo se articulará este esquema con la cobertura de obras sociales o el sector privado en Mendoza, y si se implementarán incentivos o subsidios adicionales para grupos no priorizados, pero que decidan vacunarse.

También está pendiente que el Gobierno provincial comunique formalmente cualquier cronograma de refuerzos o nuevas dosis, contemplando las recomendaciones nacionales y la disponibilidad de vacunas.