La Dirección General de Escuelas (DGE) presentó ante la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para regularizar, supervisar y jerarquizar los jardines maternales privados, que hasta ahora funcionan bajo habilitaciones comerciales municipales, sin integración formal al sistema educativo.
La iniciativa, impulsada por la gestión del ministro de Gobierno, Tadeo García Zalazar, pretende transformar esos espacios para que pasen a integrarse como parte de la educación formal, garantizando estándares pedagógicos y seguridad jurídica para las familias y los establecimientos.
Hoy en Mendoza no existe un registro formal y único de cuántos jardines maternales privados operan en la provincia ni un control pedagógico centralizado, ya que estos establecimientos están regulados solo por habilitaciones comerciales otorgadas por los municipios. Eso genera una "incertidumbre" administrativa y educativa, según explicaron desde la DGE.
El proyecto busca que estos espacios pasen a denominarse "Jardines Maternales de Gestión Privada", diferenciándolos claramente de guarderías comerciales y estableciendo un marco legal propio dentro del sistema educativo provincial.
Una de las piezas centrales de la norma es la incorporación de estos jardines al sistema de Gestión Educativa Integral (GEI). Esto permitiría que cada niño de entre 45 días y 3 años quede registrado oficialmente en la base de datos educativa de la provincia, con seguimiento pedagógico formal.
La ley exigirá la presentación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) -con un plan pedagógico claro- y la creación de un cuerpo de supervisores técnicos dependiente de la DGE para controlar calidad educativa, infraestructura y cumplimiento de normativas. Asimismo, las instituciones podrán acceder a programas oficiales como el de Nutrición del Lenguaje y otras capacitaciones avaladas por organizaciones como UNICEF.
Una de las partes más sensibles del proyecto se refiere a la exigencia de personal docente. La iniciativa propone que la directora del jardín tenga título de docente de nivel inicial, aunque contempla que el personal a cargo de grupos pueda desempeñarse con capacitaciones acreditadas por UNICEF si no posee título formal, para evitar asfixiar económicamente a los jardines que funcionan con la cuota de las familias.
Desde la DGE argumentan que esta medida buscará profesionalizar los espacios sin desfinanciarlos, equilibrando el objetivo pedagógico con la realidad operativa de los establecimientos.
El proyecto forma parte de un plan estratégico más amplio para avanzar hacia la universalización de la sala de 3 años en Mendoza, alineándose con políticas educativas que priorizan la primera infancia como una etapa clave para el desarrollo humano.
Se espera que el debate legislativo comience entre febrero y marzo de 2026. De aprobarse, la provincia daría un paso histórico en el reconocimiento legal y pedagógico de los jardines maternales privados, integrándolos formalmente al sistema educativo con una base más sólida de registro, supervisión y estándares pedagógicos.