Mediante un comunicado de Federación Económica de Mendoza mostró su descontento con el ingreso del proyecto de ley de propinas a la casa de la leyes. Este es el contenido del escrito:

"La Federación Económica de Mendoza (FEM), cámaras y asociaciones, expresan su preocupación por el proyecto de ley que presentó el diputado provincial Guillermo Pereyra para regular propinas en bares, restaurantes y establecimientos afines, tema que ya está legislado. 

Manifestamos que en la relación público/privada hay que construir en conjunto por lo que si se legisla sobre un sector, hay que preguntarle a dicho sector cuál es su postura y analizar fundamentalmente si determinado proyecto ya existe. En concreto, esto no fue consultado.  

Queremos aclarar que la legitimidad de la propina es indiscutible y esta instalada en la habitualidad de los clientes y empleados gastronómicos.  

Además en la Argentina está legislada como una liberalidad entre el cliente y el empleado, quedando las empresas fuera de esta relación.  

A esto le agregamos que la iniciativa de sugerir una propina empuja a la Pyme a ponerse en el medio de una relación que no le es propia.  

Cargamos a la Pyme con una responsabilidad que inicialmente no tenía. Y en segundo lugar esta iniciativa requiere la posibilidad de que la propina se pague por medios electrónicos (tarjeta de débito y crédito) para que se impulse correctamente como se hace en otros países. En este sentido, la propina se bancarizaría.  

Es conocido que nuestro sistema financiero esta intervenido por las agencias de recaudación del Estado nacional y provincial. Asimismo tiene el mérito de ser uno de los sistemas financieros con mayor costo transaccional del mundo por las comisiones que cobran. Bancarizar la propina implica el riesgo de que el comerciante termine pagando el Impuesto a los Ingresos Brutos, los Impuestos a los Créditos y Débitos Bancarios, las comisiones transaccionales de las tarjetas, y las comisiones transaccionales de los bancos. Estos costos de piso ascienden al 9% en el mejor de los casos y podrían llegar a ascender al 17% dependiendo los medios de pago.  

Finalmente, legislar la propina obliga a la empresa a liquidarla y distribuirla entre sus empleados remunerados, incrementándole el riesgo laboral y previsional, especialmente en los casos de extinción del contrato laboral por despido, donde abogados litigantes encontrarán un nuevo recurso para incrementar las liquidaciones finales exigidas.  

"Probablemente el proyecto impulsado por el Legislador Guillermo Pereyra es genuino y se propicia desde la buena fe pero considerando las regulaciones laborales, impositivas y financieras de Argentina, esta regulación seguramente terminara impactando sobre la rentabilidad y riesgo de nuestras Pymes", finaliza por su parte Diego Stortini, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT)"