A tres semanas del devastador doble terremoto que asoló a Venezuela el pasado 24 de junio, la desesperación y la desolación en las calles de Caracas y La Guaira se han transformado en una abierta indignación popular contra las autoridades. Mientras el balance oficial de víctimas sigue escalando de forma trágica, registrando este domingo un piso de 4.490 muertes, 16.740 heridos y 190 edificaciones totalmente colapsadas, los sobrevivientes denuncian un abandono estatal absoluto. Miles de familias damnificadas continúan durmiendo a la intemperie en la vía pública debido a que la red hídrica y de gas permanece colapsada por las grietas, y el pánico se reaviva de forma constante ante una sucesión de más de 1.200 réplicas que mantienen bajo amenaza de derrumbe a otros 900 complejos residenciales.

En este caótico escenario, la paulatina retirada de las brigadas de salvamento extranjeras profundizó el desamparo de los vecinos, quienes veían en los especialistas internacionales a sus verdaderos salvadores. De los 3.500 brigadistas iniciales que arribaron al país caribeño apenas quedan unos 2.400 en el terreno trabajando a destajo. Entre los profesionales que decidieron quedarse de forma voluntaria para acompañar el dolor de los damnificados se destaca el capitán de la Armada Argentina, Luciano Gordillo, quien coordina tareas de remoción manual junto a los familiares. Gordillo detalló en sus redes sociales que ante la falta de equipamiento pesado se encuentran realizando una labor puramente artesanal, escarbando con las manos entre las toneladas de mampostería para hallar los restos humanos y permitir que las familias logren velarlos y cerrar el duelo.

La contracara de la solidaridad internacional es la parálisis de los operativos oficiales comandados por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Los habitantes de La Guaira, catalogada como la zona cero del desastre, denunciaron formalmente en plataformas digitales que las patrullas militares enviadas a custodiar las ruinas caminan por los escombros portando fusiles en lugar de palas, manteniéndose con los brazos caídos e incluso cometiendo robos dentro de las estructuras colapsadas. Vecinos como Gabriela Pérez y Eduardo Aguas expusieron el drama de tener que pagar alquileres privados de grúas que oscilan entre los 1.000 y 3.000 dólares por día para intentar remover vigas, mientras observan cómo la maquinaria pesada de la Guardia Nacional se desplaza hacia sectores privilegiados bajo una estricta custodia de cincuenta efectivos policiales.

La crisis humanitaria sumó un fuerte repudio internacional tras una grave denuncia pública de Pilín León, ex Miss Mundo 1981, quien expuso desde Barranquilla que el régimen venezolano impidió el ingreso a su espacio aéreo de un vuelo humanitario con médicos y rescatistas. Mientras tanto, en las ruinas de las viviendas sociales construidas bajo el sello de la Gran Misión Vivienda que se desmoronaron como castillos de naipes, las madres se aferran a milagros desesperados. Una de ellas, Ana Carrasquel, acude todas las mañanas al demolido edificio OPP25 asegurando que percibe los gritos de sus hijos atrapados en los huecos de las escaleras, aferrándose a los sensores de calor de los rescatistas extranjeros ante una gestión local que, según denuncian los propios sobrevivientes, ha demostrado una crueldad civil sin precedentes.