· 
Mendoza
19°C
Las acusaciones abarcan más de 47.000 delitos. Organismos de derechos humanos cuestionan el proceso por posibles violaciones al debido proceso.
La Justicia de El Salvador inició un juicio colectivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), en uno de los procesos judiciales más grandes impulsados por el gobierno de Nayib Bukele en el marco de su política de mano dura contra las pandillas.
Según la fiscalía, los imputados enfrentan cargos por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, femicidios, extorsión y tráfico de armas.
El juicio comenzó este martes y forma parte de las medidas adoptadas bajo el estado de excepción vigente desde 2022, que permite la realización de juicios masivos contra presuntos miembros de organizaciones criminales.
Desde la implementación de este régimen, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 91.500 personas en todo el país.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el proceso al considerar que vulnera garantías básicas como el derecho a la defensa y el acceso a asesoramiento legal.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la prolongación del estado de excepción.
"Este régimen suspende derechos fundamentales como la defensa legal y extiende los plazos de detención administrativa", advirtió el organismo en un comunicado.
Los acusados se encuentran distribuidos en cinco cárceles del país, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 y símbolo de la política de seguridad del gobierno de Bukele.
La fiscalía presentó pruebas que incluyen autopsias, peritajes balísticos y testimonios, y solicitó que se apliquen las penas máximas previstas por la ley.
En caso de ser condenados por múltiples delitos, algunos acusados podrían enfrentar penas de hasta 245 años de prisión.
Entre los imputados hay presuntos líderes históricos de la MS-13, algunos de los cuales habrían participado en la tregua entre pandillas y el gobierno durante la presidencia de Mauricio Funes (2012-2014).
El gobierno de Bukele sostiene que su política de seguridad logró reducir drásticamente la tasa de homicidios, que pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 1,3 en el último año.
Mientras el Ejecutivo defiende el impacto de las medidas en la reducción del crimen, organismos internacionales advierten que el costo en términos de derechos humanos podría sentar precedentes preocupantes.
El juicio masivo se convierte así en un nuevo punto de tensión entre la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño y las garantías del sistema judicial.
