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Mendoza
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Es la primera sanción de este tipo en Mendoza. Otros estudiantes fueron penalizados con quita de puntos en el sistema de convivencia escolar.
Un alumno fue expulsado del Instituto Santa María Goretti de Luján de Cuyo tras ser identificado como uno de los responsables de las amenazas de tiroteo en el establecimiento, en el marco de la ola de casos que generó preocupación en Mendoza.
La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó la medida, que se convierte en la primera expulsión vinculada a este tipo de episodios en la provincia.
En total, tres alumnos del instituto fueron identificados por las pintadas intimidatorias. Uno de ellos recibió la sanción máxima -expulsión-, mientras que los otros dos fueron penalizados con la quita de puntos del Índice de Convivencia Escolar (ICE), el sistema que reemplazó a las amonestaciones tradicionales.
El alumno expulsado perdió la totalidad del puntaje permitido, cuyo límite es de 25 puntos, lo que derivó en su desvinculación del establecimiento.
La medida marca un punto de inflexión en el abordaje oficial de estos casos, ya que hasta el momento no se habían aplicado expulsiones pese a la gravedad de las amenazas, que generaron temor en las comunidades educativas.
Desde la DGE explicaron que, en una primera etapa, el foco estuvo puesto en contener la situación, garantizar la continuidad de las clases y brindar acompañamiento psicológico a los estudiantes.
El trabajo conjunto entre la DGE, la Policía, el Ministerio Público Fiscal y las escuelas permitió identificar a seis menores que podrían ser imputados penalmente, ya que tienen más de 16 años.
En total, se investigan al menos 25 hechos vinculados a pintadas y amenazas en distintos establecimientos educativos.
Para los alumnos involucrados, las sanciones se aplican a través del Índice de Convivencia Escolar. La pérdida total del puntaje implica la expulsión, mientras que las sanciones menores se traducen en descuentos parciales.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, indicó que las penalizaciones pueden escalar según la gravedad del caso, pero aclaró que cada situación será evaluada de manera individual.
Desde el Gobierno provincial señalaron que, pese a la expulsión, se buscará garantizar la continuidad educativa del estudiante.
En ese sentido, sus padres deberán gestionar su reubicación en otra institución, ya sea pública o privada.
Además, antes de definir sanciones extremas, se realiza una evaluación psicosocial de cada alumno para analizar el contexto, la intencionalidad y las condiciones personales.
Las autoridades remarcaron que el abordaje no es únicamente punitivo, sino que también incluye la intervención de equipos psicopedagógicos y el seguimiento por parte del Consejo Escolar.
El objetivo es equilibrar la sanción con el acompañamiento, en un contexto donde las amenazas generaron una fuerte alarma social en la provincia.
