La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó este martes 3 de marzo de 2026 una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre el ataque que alcanzó una escuela de educación primaria en Minab, en el sur de Irán, el pasado fin de semana, coincidiendo con el inicio de una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, señaló que decenas de niños y niñas murieron o resultaron heridos mientras la escuela estaba en pleno funcionamiento, en lo que calificó como uno de los episodios "más mortíferos y devastadores" de los recientes enfrentamientos. La funcionaria recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes civiles, así como los que son indiscriminados, pueden equivaler a crímenes de guerra bajo el derecho internacional humanitario.

Lo que se sabe del ataque

Según autoridades iraníes, la escuela Shajareh Tayebeh en Minab fue alcanzada por misiles o bombardeos el sábado por la mañana mientras alumnos y personal estaban presentes. El número de víctimas ha variado según diferentes fuentes: el Ministerio de Salud de Irán elevó a cerca de 165 la cifra de personas fallecidas, en su mayoría niñas, y decenas de heridos, en lo que ha sido considerado uno de los ataques con más víctimas civiles desde el comienzo de la campaña militar.

Organismos internacionales como UNESCO también han condenado el ataque, calificándolo como una "grave violación del derecho internacional humanitario", y han subrayado que las escuelas y otros espacios educativos deben estar protegidos contra los efectos del conflicto armado.

La ONU no ha atribuido formalmente la responsabilidad del ataque a ninguna fuerza en particular, y las investigaciones para esclarecer la secuencia de hechos y determinar si hubo violaciones de las normas internacionales continúan, en medio de versiones contradictorias sobre la autoría y las circunstancias de la explosión.

Irán ha denunciado el hecho ante la comunidad internacional, y varias voces diplomáticas han pedido que el caso sea abordado con urgencia para garantizar transparencia, justicia y reparación para las familias de las víctimas, en un momento en que el conflicto regional ha generado altos niveles de tensión y múltiples reclamos por daños a civiles.