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Un alcalde fue blanco de un violento atentado con un lanzacohetes en el sur de Filipinas. El ataque, captado por cámaras de seguridad, expuso el nivel de violencia política en una de las regiones más conflictivas del país.
Un funcionario de Filipinas sobrevivió a un brutal intento de asesinato luego de que un grupo armado disparara un lanzacohetes RPG contra su vehículo oficial, en un ataque ocurrido a plena luz del día en el sur del país. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó conmoción tanto a nivel local como internacional.
El atentado tuvo como objetivo al alcalde Akmad Mitra Ampatuan, quien se desplazaba por una ruta de la provincia de Maguindanao del Sur, una zona históricamente marcada por la violencia política y los enfrentamientos entre clanes armados.
Según confirmaron las autoridades, el proyectil impactó directamente contra el vehículo blindado en el que viajaba el funcionario, lo que permitió que Ampatuan resultara ileso. No obstante, dos integrantes de su equipo de seguridad sufrieron heridas producto del ataque y debieron recibir atención médica.
Las imágenes difundidas muestran el momento exacto en el que los atacantes apuntan y disparan el arma antitanque, para luego huir rápidamente del lugar.
Tras el atentado, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo inmediato en la zona, que derivó en un enfrentamiento armado. De acuerdo con fuentes oficiales, al menos dos de los atacantes murieron durante el intercambio de disparos, mientras continúa la búsqueda de otros posibles involucrados.
Las autoridades no descartaron que el ataque esté vinculado a disputas políticas locales, un fenómeno recurrente en Mindanao, donde el uso de armamento pesado en conflictos internos no es inusual.
El sur de Filipinas, y en particular la isla de Mindanao, registra desde hace años episodios de violencia vinculados a rivalidades políticas, grupos armados y disputas territoriales. En ese contexto, el atentado contra Ampatuan vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad institucional en algunas zonas del país.
Mientras avanza la investigación judicial, el gobierno nacional reforzó la custodia del funcionario y prometió llevar a los responsables ante la Justicia, en un intento por frenar una escalada que preocupa tanto a la dirigencia política como a la población civil.
