La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos, requirió al Estado argentino información detallada sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país. El pedido fue comunicado por Amnistía Internacional (sede Argentina), en un contexto de críticas al Gobierno por ataques discursivos a medios y periodistas, y tras la cautelar que buscó impedir la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en una causa por presunta corrupción en la ANDIS.

Además de la libertad de expresión, el Comité pidió precisiones sobre "medidas de lucha contra la corrupción" implementadas por la administración de Javier Milei; el "derecho a la reunión pacífica" en protestas y movilizaciones; políticas de "igualdad de género y violencia contra la mujer"; y el estado de la "interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos", entre otros puntos.

Amnistía subrayó que el Comité está integrado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Como Estado parte, la Argentina debe presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para garantizar esos derechos y los avances registrados.