La ministra sudafricana en funciones de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, aseguró en una rueda de prensa que la situación se encuentra "más calmada" y que se está logrando restaurar el orden.

Señaló que hay 12 personas investigadas como presuntos "instigadores" iniciales de esta oleada de violencia —que el Ejecutivo sudafricano calificó como un "sabotaje económico" al país— y que una de ellos está ya en custodia policial.

El número de soldados desplegados en las zonas de riesgo se duplicó hasta alcanzar los 5.000 uniformados.

La región más afectada por el estallido de violencia es la oriental provincia de KwaZulu-Natal, donde el balance de muertos es de 91 y el de detenidos a 1.478.

En el otro gran epicentro de los disturbios, la provincia de Gauteng (donde están Johannesburgo y Pretoria), los arrestos se cifran en 725 y las víctimas mortales en 26.

Con una parte de las carreteras cerradas, lo que interrumpe las entregas en general, South African Petroleum, la mayor refinería del país, anunció el martes el cierre de su planta en Kwazulu-Natal, en Durban, por "fuerza mayor". La planta provee aproximadamente un tercio del combustible del país.

El robo de existencias de medicamentos y el saqueo de farmacias fue otra de las consecuencias de la violencia en el acceso a la atención sanitaria y en el suministro de medicamentos para enfermedades crónicas como la tuberculosis, el VIH y la diabetes, según un comunicado del Ministerio de Salud.

Asimismo, algunos mercados de productos frescos están en alerta máxima, mientras que las tiendas y almacenes de alimentos fueron saqueados, especialmente en Durban.

También en Kwazulu-Natal fueron quemados supermercados, especialmente del grupo Massmart, por lo que cerraron las puertas en algunas de sus filiales.

Aún en semejante contexto, las autoridades aseguraron que no había escasez de alimentos.