La tragedia de la familia de Dionisio y Margarita Fuentes, de la populosa zona sur de Cochabamba, se repite en decenas de casos en esa ciudad, la principal del centro de Bolivia, donde los hospitales, clínicas privadas y cementerios han resultado súbitamente colapsados por la pandemia.

"Ya van a ser 15 días de sufrimiento. Desde el principio, mis hijos y yo estábamos seguros que la Margarita tenía el coronavirus. Las autoridades nos ordenaron aislamiento pero los sanitarios tardaron diez días en llegar y ya solo para sacar muestras del cuerpo muerto", relató Dionisio, refiriéndose a la suerte de su esposa, en diálogo telefónico con Sputnik.

Dionisio Fuentes dijo que su esposa falleció el 28 de junio y que apenas el 2 de julio recibió la confirmación Desde el deceso, el acongojado chofer desempleado y sus cinco hijos menores de edad velan los restos de la madre en el mismo domicilio, cubriendo el ataúd con una lámina de plástico como toda medida de "bioseguridad" y aún esperando que se les hagan los análisis de COVID-19.

"Nosotros estábamos seguros de que mi mujer tenía el coronavirus, pero ahora vivimos con la duda de nosotros mismos, especialmente mis dos hijos mayores —de 16 y 14 años—, que tienen también malestares de respiración y otros dolores, pero no nos toman muestras, dicen que vendrán pronto", dijo el padre.

Indicó que suponía que Margarita contrajo el virus en el mercado callejero en el que solía vender verduras, en la misma zona sur, la más pobre de Cochabamba.

Decenas a la deriva

Como el caso de los Fuentes, que tras el fallecimiento de la madre requirió servicios funerarios que no llegan, había a mediados de esta semana denuncias de al menos otras 40 tragedias de familias sorprendidas por el cierre repentino del principal cementerio y el colapso de las empresas funerarias.

El cementerio está cerrado desde el pasado fin de semana, a partir de una protesta de sus trabajadores por casos de contagio de COVID-19 debido, según representantes sindicales, a la falta de equipos de seguridad sanitaria y a la escasa capacidad del único horno crematorio del lugar: hasta cuatro cuerpos por día.

"Los cuerpos se están quedando en domicilios porque no hay dónde enterrar ni cremar. Estamos en emergencia sanitaria porque no tenemos dónde dejar los cuerpos, hay más de 40 en domicilios", dijo a la prensa Juan Carlos Orellana, presidente de la Asociación de Funerarias de Cochabamba.

La alcaldía municipal, que administra el Cementerio General, anunció que trabajaba en la dotación de mejores sistemas de seguridad en los entierros y cremaciones, aunque advirtió que el cumplimiento de los protocolos anti-covidcorrespondía a los hospitales y a las funerarias.

Estas medidas rigen para los decesos en centros médicos, pero en el caso de fallecimientos en domicilios, como el de Margarita Fuentes, el procedimiento se complica más debido a que la policía tiene que hacer el levantamiento legal de los restos y llevarlos a una morgue oficial, de donde los recogería la empresaria funeraria.

"Los de la policía nos han dicho que tienen sobrecarga de trabajo y además les faltan equipos de bioseguridad para atender todos los levantamientos de cadáveres", dijo Dionisio Fuentes.

Medios cochabambinos, que publicaron fotografías de velorios en las calles, dijeron que una dificultad adicional era que, por falta de pruebas de laboratorio que confirmen oportunamente las causas de los decesos, casi todos los entierros se realizaban con precauciones establecidas para casos de COVID-19.