El parlamento consideró que la nota alude a asuntos internos de Perú y no respetó las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas.
La nota fue remitida la semana pasada a Merino de Lama para llamarle la atención sobre el "grave impacto que supone la Ley 31.018", que fue aprobada por el Congreso y suspende el cobro de peajes en la red vial nacional durante el estado de emergencia por la pandemia.

Perú es el segundo país más afectado por el coronavirus en Latinoamérica detrás de Brasil, con 196.515 casos y 5.465 decesos, informaron hoy las autoridades sanitarias del país, y está en cuarentena desde mediados de marzo y hasta al menos el 30 de junio.
El parlamento informó luego de la reunión, a través de su cuenta de Twitter, que Meza Cuadra se comprometió a "tomar acciones de acuerdo a su competencia para hacer respetar la soberanía nacional y el Convenio de Viena, referido a las relaciones diplomáticas”.

La carta está firmada por los embajadores Ralph Jansen, de Canadá; Antoine Grassin, de Francia; María Claudia Mosquera, de Colombia, y Diana Nelson, de Australia, y reconoce la voluntad del Congreso de tomar medidas que busquen proteger a la ciudadanía ante la propagación del coronavirus, pero considera urgente que dicho poder del Estado se pronuncie sobre ciertos aspectos.

En el texto, en el que se precisó que las inversiones de las concesionarias se originan en los países mencionados, se dijo que como la norma señala que la suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional, y esta duración es incierta, "el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable”.

Los embajadores manifestaron que si bien la citada ley dice que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cierto es que “esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra, sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello".

"Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías”, agregaron.

La bancada de Acción Popular, la más numerosa aunque lejos de tener mayoría propia, rechazó la carta y respaldó el presidente del Congreso.
En un comunicado citado por el diario El Comercio, afirmó que el documento “rompe las reglas del derecho diplomático” y destacó el inciso 2 del artículo 41 de la Convención de Viena, sobre Relaciones Diplomáticas de 1961:
“Todos los asuntos oficiales de que la misión está encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores de este Estado o por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido”, subrayó el documento.