"Hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos. Nuestro gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad", dijo en una declaración pública anoche en La Moneda, sede del Gobierno chileno. 

El jefe del Estado aseguró que su Gobierno está comprometido con los derechos humanos, la verdad y la justicia y confirmó que se están investigando estos casos.

"Están siendo investigados por sumarios administrativos de nuestras Fuerzas Armadas o de orden, o por la Fiscalía. Que sigan siendo investigados para que, en función del mérito de la causa, puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia", advirtió.

Hoy se cumple un mes desde el inicio de las protestas sociales en Chile, que comenzaron con una rebelión estudiantil contra el aumento de los boletos del subterráneo y siguieron con multitudinarias manifestaciones en demanda de igualdad en la distribución de recursos y múltiples actos de violencia.

Durante un mes, se acumularon cientos de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos contra agentes del Estado, como aplicación de torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos.

Esas denuncias están siendo investigadas por una comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que desde hace más de una semana reúne información en el país.

Durante las protestas, Piñera asumió la responsabilidad de dar intervención a las Fuerzas Armadas bajo el estado de excepción que declaró su gobierno, a la vez que por varios días rigió el toque de queda en muchos de las principales ciudades del país.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile reportó en este mes 2.381 heridos, de los cuales 1.360 fueron por disparos (balas, perdigones, balines o armas de fuego no identificadas) y el resto por golpes, gases y otras formas de lesión.