Desde la caída en marzo del "califato" de la organización Estado Islámico (EI), la comunidad internacional se enfrenta al rompecabezas de la repatriación de las familias de los yihadistas capturados o muertos en Siria y en Irak.
Su situación encabezó la larga lista de preocupaciones enumeradas por Michelle Bachelet en el inicio de la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que incluyó igualmente la tensa situación en Sudán.
"Los miembros de las familias" deben "ser repatriados, a menos que sean investigados por crímenes", dijo Bachelet.
   "Los niños, en particular, han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que pueden haber sido adoctrinados o reclutados (...) para cometer actos violentos. La consideración principal debe ser su rehabilitación, su protección", añadió.
Según Bachelet, más de 11.000 miembros de supuestas familias de combatientes de Dáesh (siglas en árabe del EI) están detenidos en el campo de Al Hol (Siria), administrado por las autoridades kurdas.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29.000 niños de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20.000 de Irak, indicó la Alta Comisionada, al precisar que la mayoría de ellos tenían menos de 12 años.
"Está claro que todas las personas sospechosas de haber cometido crímenes -cualquiera que sea su país de origen y la naturaleza de su crimen- deben ser objeto de investigaciones y de acciones judiciales", afirmó Bachelet.
Pero "mantener en detención a personas que no son sospechosas de crímenes, en ausencia de un fundamento legal y de un control judicial independiente regular, es inaceptable", precisó.