Delegados de la administración chavista y el gobierno interino opositor de Venezuela reanudarán esta semana en Oslo el primer diálogo directo entre ambos sectores, con el propósito de hallar una salida a la crisis institucional del país, pero también con la persistencia de objetivos diferentes y de estrategias simultáneas alternativas.
Maduro dijo en Twitter que la delegación chavista partía hacia Oslo “con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos”.
En tanto, Guaidó aclaró en un comunicado que aceptó enviar representantes “para explorar una posible salida negociada”, siempre que “lleve al cese de la usurpación”, como califica el antichavismo al mandato iniciado por Maduro en enero pasado.
Maduro y Guaidó coincidieron en elevar el nivel formal de sus delegaciones, a las que desde esta semana se agregarán, respectivamente, el canciller, Jorge Arreaza, y el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Stalin González.
Arreaza se suma al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y al gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, por el lado del chavismo, y González, al ex ministro Fernando Martínez Mottola y al ex diputado Gerardo Blyde, por la oposición.
Los dos sectores acogieron con aparente agrado la iniciativa de Noruega, que, aunque tomó estado público hace menos de dos semanas, se inició en enero pasado, según revelaron fuentes políticas venezolanas.
Pero al mismo tiempo no dejaron de lado otras posibles vías de negociación -la más visible de estas es la que encarna el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera la Unión Europea (UE)- ni moderaron su confrontación directa.
De hecho, Guaidó y varios de sus principales aliados externos siguieron sosteniendo a diario que “todas las opciones están sobre la mesa” para lograr el fin del gobierno de Maduro, lo que implica no descartar una eventual intervención militar extranjera.
Asimismo, algunos de esos aliados, como Estados Unidos y la UE, advirtieron la semana pasada sobre la posibilidad de aplicar nuevas sanciones al régimen chavista o algunos de sus dirigentes.
A la vez, en las últimas semanas, el chavismo, que controla cuatro de los cinco poderes públicos de Venezuela, apresó a dos diputados -uno de ellos, el primer vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano- de los que hasta hoy se desconocía el paradero y quitó los fueros parlamentarios a otros 11 legisladores.
Además, al pedido de buena parte de la comunidad internacional para realizar elecciones presidenciales libres y transparentes, Maduro contraatacó ofreciendo adelantar los comicios para la renovación de la AN, lo que implicaría anticipar el fin del mandato del único poder que no controla.
Incluso, extendió hasta fines de 2020 -cuando debe terminar el período de la actual AN- el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que integran solo chavistas y se declaró jerárquicamente superior a todos los poderes públicos del país.
Por otra parte, los esfuerzos de Noruega por sentar a una misma mesa a chavistas y antichavistas recogieron hasta ahora reacciones diversas en la comunidad internacional, desde el apoyo decidido del GIC hasta el rechazo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pasando por el silencio expectante del Grupo de Lima.
El GIC dijo hoy en un comunicado que “celebra la continuación del proceso”, al que Almagro criticó porque el de Venezuela “no es un conflicto entre dos partes sino ver cómo se sale de una dictadura”.
En el medio, el Grupo de Lima suspendió la reunión de sus cancilleres que había programado para el lunes pasado en Guatemala y aún no se pronunció.