· 
Mendoza
15°C
Una investigación reconstruye cómo bandas narco utilizaron menores de edad para ejecutar ataques contra trabajadores en Rosario durante marzo de 2024. Los crímenes buscaron generar temor social y paralizar servicios esenciales.
En marzo de 2024, Rosario atravesó una de las semanas más violentas de su historia reciente. Una serie de ataques contra trabajadores expuso una modalidad que encendió alarmas judiciales, políticas y sociales: el uso de adolescentes reclutados por bandas narco para cometer asesinatos.
Los hechos incluyeron ataques contra taxistas, colectiveros y un trabajador de una estación de servicio. Según la investigación periodística reconstruida en el libro Niños Sicarios, de Germán de los Santos, los crímenes fueron parte de un plan destinado a generar temor en la ciudad y presionar al gobierno provincial.
El primer ataque de esa secuencia ocurrió el 2 de marzo, cuando un auto se puso a la par de dos micros que trasladaban agentes penitenciarios por la Avenida de Circunvalación y desde allí se efectuaron disparos.
Días después fue asesinado el taxista Héctor Figueroa, de 43 años, en la zona sur de Rosario. El crimen no tuvo características de robo: en el lugar quedaron el teléfono, el reloj y la recaudación de la víctima.
La noche siguiente fue asesinado otro taxista, Diego Celentano, quien había tomado un viaje poco antes de terminar su turno. También en ese caso, los atacantes no se llevaron pertenencias.
Luego, el objetivo pasó al transporte público. El colectivero Marcos Daloia, de la línea K, recibió disparos cuando abrió la puerta de su unidad. Agonizó durante tres días y murió.
El último hecho de alto impacto fue el asesinato de Bruno Bussanich, trabajador de una estación de servicio de 25 años. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y tuvo una fuerte repercusión pública.
De acuerdo con la reconstrucción periodística, los ataques no buscaban un beneficio económico directo, sino instalar miedo y provocar la interrupción de servicios esenciales como taxis, colectivos y recolección de residuos.
La investigación señala que algunos de los autores materiales eran adolescentes de 15 años, reclutados por bandas narco para ejecutar ataques.
Según el texto, los organizadores del plan habrían elegido menores de edad bajo la expectativa de que pudieran evitar consecuencias penales por su edad.
Los adolescentes recibían órdenes, armas y pagos por cada ataque. En algunos casos, se les habría prometido hasta 300.000 pesos por cada crimen, aunque finalmente habrían cobrado cifras menores.
El libro también describe cómo, después de los ataques, algunos de esos adolescentes fueron al shopping, compraron comida, helados, alfajores y zapatillas con el dinero recibido.
Ese dato expone una de las dimensiones más complejas del fenómeno: jóvenes de barrios vulnerables incorporados a estructuras criminales que les ofrecían dinero rápido, pertenencia y una idea de poder asociada a la violencia.
La investigación sostiene que en determinados territorios los narcos cuentan con redes de reclutamiento entre adolescentes y jóvenes, a quienes utilizan como mano de obra para tareas de vigilancia, venta de droga, traslado de armas o ataques armados.
Los crímenes ocurrieron después de una serie de requisas en cárceles santafesinas y de la difusión de imágenes de presos sometidos a controles estrictos.
Según la reconstrucción, jefes narco detenidos habrían respondido desde las cárceles mediante mensajes clandestinos, contactos con cómplices y órdenes transmitidas hacia el exterior.
El objetivo habría sido enviar una señal al gobierno de Maximiliano Pullaro, que había impulsado medidas de endurecimiento en el sistema penitenciario provincial.
Durante esos días, Rosario vivió un clima de temor generalizado. Circularon mensajes en redes sociales y grupos de WhatsApp sobre supuestos toques de queda, nuevos ataques y amenazas en distintos puntos de la ciudad.
La investigación periodística sostiene que esa circulación de rumores también formó parte del impacto psicológico buscado por las bandas.
El caso volvió a poner en debate el avance del narcotráfico en Rosario, la situación de las cárceles, la utilización de menores por parte de organizaciones criminales y la capacidad del Estado para prevenir ataques coordinados contra civiles.
