Miles de demandas en Estados Unidos apuntan contra las principales plataformas digitales por presuntos daños a menores, privacidad y publicidad engañosa. Cuatro casos podrían redefinir las reglas de internet.
Las grandes plataformas digitales enfrentan uno de los mayores desafíos legales de su historia. Empresas como Meta, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord y Roblox acumulan miles de demandas en Estados Unidos por presuntos daños a usuarios, especialmente niños y adolescentes.
Expertos consideran que los resultados de estos procesos podrían modificar de manera profunda el funcionamiento de las redes sociales, desde sus sistemas de recomendación hasta los controles de edad, la recopilación de datos y la responsabilidad legal de las compañías por los contenidos que circulan en sus plataformas.
"Estamos presenciando un punto de inflexión", afirmó la especialista en Derecho de la Comunicación Alexis Shore Ingber, quien señaló que la seguridad infantil se convirtió en uno de los principales focos de preocupación para reguladores y legisladores.
Entre los numerosos expedientes abiertos, cuatro causas aparecen como las más relevantes por su potencial impacto sobre la industria tecnológica.
El primero corresponde al litigio multidistrital que reúne a más de mil distritos escolares estadounidenses contra Instagram, YouTube, Snapchat y TikTok. Las escuelas sostienen que estas plataformas fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción y que provocaron daños en la salud mental de los estudiantes, obligando además a destinar recursos adicionales para afrontar las consecuencias.
Los demandantes buscan que las empresas sean consideradas responsables por afectar el bienestar de los menores y reclaman cambios estructurales en el funcionamiento de las aplicaciones. Aunque el proceso podría extenderse varios años, los especialistas consideran que un fallo adverso tendría consecuencias significativas para todo el sector.
Otro expediente clave es la demanda impulsada por 29 estados norteamericanos contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram. Los fiscales sostienen que la compañía violó la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), permitiendo el uso de sus plataformas por parte de menores de 13 años y recopilando datos de esos usuarios.
Si los estados obtienen una sentencia favorable, Meta podría verse obligada a reforzar los controles de acceso para menores y eliminar información previamente recolectada, datos que actualmente son utilizados para segmentar publicidad y desarrollar herramientas de inteligencia artificial.
La tercera causa enfrenta a Roblox y Discord con un adolescente que denunció haber sido víctima de captación y abuso por parte de un depredador sexual que utilizó ambas plataformas para contactarlo. La demanda sostiene que los sistemas de seguridad fueron insuficientes y que las empresas realizaron afirmaciones engañosas sobre la protección de los usuarios jóvenes.
Un eventual fallo en contra podría derivar en restricciones más estrictas para la interacción entre menores y desconocidos dentro de servicios de mensajería, chats y plataformas de videojuegos.
Por último, uno de los casos más observados es el iniciado por el empresario australiano Andrew Forrest contra Meta. El multimillonario acusa a Facebook de permitir la difusión de anuncios fraudulentos que utilizaban su imagen para promocionar falsas inversiones.
La importancia de esta demanda radica en que busca cuestionar la protección legal que históricamente amparó a las plataformas tecnológicas a través de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una norma vigente desde 1996 que limita la responsabilidad de las empresas por los contenidos publicados por terceros.
Si la Justicia falla a favor de Forrest y restringe el alcance de esa protección, podría abrir la puerta a una nueva etapa de litigios contra las redes sociales y alterar uno de los pilares legales sobre los que se construyó internet durante las últimas tres décadas.
Más allá de los resultados individuales, especialistas coinciden en que estos procesos ya están influyendo en el debate público sobre la seguridad digital, la privacidad y la protección de menores, y podrían acelerar futuras reformas regulatorias tanto en Estados Unidos como en otros países.