La muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que su madrastra publicara un fuerte descargo en redes sociales en el que apuntó directamente contra la Justicia.

Lorena Andrade, quien se define como la "mamá de corazón" del chico, cuestionó a quienes intervinieron en la decisión de otorgarle la tenencia a la madre y su pareja, ambos actualmente detenidos.

"Tratan de asustar y de correr el foco", escribió en su cuenta de Facebook, en un mensaje cargado de enojo y reclamo de justicia.

En esa misma línea, dejó en claro que continuará con su pedido para que se investiguen todas las responsabilidades: "No voy a parar hasta que caigan".

El posteo también incluyó una advertencia más amplia sobre la situación de otros menores. "Detrás hay muchos niños pidiendo auxilio y sin ser escuchados", sostuvo, en un intento por visibilizar casos similares.

Las declaraciones se producen en medio del avance de la causa judicial, que tiene como principales imputados a la madre del niño, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel Kevin González.

Altamirano enfrenta una acusación por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, es decir, por no haber protegido a su hijo de las agresiones. En caso de ser hallada culpable, podría recibir prisión perpetua.

Por su parte, González está imputado por homicidio simple como presunto autor material de los más de 20 golpes en la cabeza que, según la autopsia, habrían provocado el paro cardiorrespiratorio que terminó con la vida del menor.

De acuerdo con el Código Penal, si se comprueba que las agresiones fueron sistemáticas, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión. Sin embargo, si se determina que actuó con alevosía en un único episodio, la calificación podría agravarse y derivar también en una condena a perpetua.

Mientras la investigación avanza y se esperan resultados de pericias clave, ambos acusados continúan detenidos, en un caso que generó conmoción y reabrió el debate sobre los mecanismos de protección de la infancia y las decisiones judiciales en contextos de riesgo.