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La ciudad de Sunchales quedó conmocionada tras descubrirse que Juan Andrés Zurvera, con solo 13 materias aprobadas de Derecho, se hizo pasar por abogado durante tres años y estafó a sus clientes por más de $54 millones.
El caso impactó no solo por el monto del fraude, sino por la profundidad del engaño. Zurvera, de 31 años, logró convencer a su entorno más íntimo, incluida su propia madre, de que había finalizado la carrera de Derecho. En realidad, había ingresado a la universidad en 2014 y nunca superó las 13 materias aprobadas.
A pesar de ello, sostuvo durante años una identidad profesional falsa que terminó por derrumbarse cuando la Justicia comenzó a unir las piezas.
Según la investigación, Zurvera falsificó firmas digitales de jueces y camaristas, adulteró resoluciones judiciales y montó un supuesto estudio jurídico con la colaboración de un abogado local, quien también fue engañado.
El fiscal Guillermo Loyola, del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, explicó que el acusado captaba personas con urgencias legales, solicitaba adelantos de honorarios y gastos para juicios inexistentes y luego dilataba los reclamos con excusas y documentación apócrifa.
Solo entre enero y noviembre de 2025, la investigación comprobó que Zurvera recibió $18.000.000 en transferencias de sus supuestos clientes. Hasta el momento, la causa reúne 10 hechos de estafa, aunque el número de víctimas continúa creciendo a medida que surgen nuevas denuncias.
El impacto del caso se amplificó al conocerse que Zurvera había llegado a ocupar la vicepresidencia primera del Club Unión de Sunchales, cargo del que la institución luego se desligó públicamente.
Acorralado por las pruebas, Zurvera se quebró durante su declaración. Entre lágrimas, habló de frustraciones personales y de una cadena de mentiras que, según su relato, comenzó en el ámbito familiar y terminó arrastrando a terceros.
El fiscal Loyola fue categórico al evaluar su conducta y sostuvo que no existe justificación para los delitos cometidos. Zurvera fue imputado por estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos.
Pese al intento de la defensa, encabezada por el penalista Sergio Fregona, de desvincularlo del delito de estafa, el juez penal Javier Bottero dictó prisión preventiva sin plazos.
En su resolución, el magistrado dejó una frase que sintetizó la gravedad del caso: "Incluso un estudiante de Derecho con solo 13 materias podría darse cuenta de que esto fue una estafa".
Para las víctimas, el perjuicio fue más allá de lo económico. Varias personas relataron que se endeudaron para pagar servicios legales que nunca existieron y hablaron de una estafa emocional difícil de reparar.
"Se creyó su propia mentira", expresó uno de los damnificados, al describir el impacto personal que dejó el engaño. Mientras la causa avanza, quienes confiaron en Zurvera esperan que la Justicia cierre uno de los fraudes más resonantes de los últimos años en la región.
