En el escrito, al que tuvo acceso Télam, Carrió pidió que se suspenda a los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques y que se formule la acusación y enjuiciamiento por la “realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones".

El 4 de octubre, Catucci, Riggi y Mahiques -integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal- ordenaron la absolución del ex presidente y de otros diez acusados por considerar que se había violado la garantía constitucional de ser juzgado en un "plazo razonable" ya que hacía 23 años que había iniciado el juicio.

Para la diputada, quien presentó el escrito junto a sus compañeras de bancada, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli, los magistrados desestimaron el hecho de que la defensa del ex presidente presentara múltiples recursos para extender el tiempo procesal.

"En lugar de considerar la capacidad de Menem de intervenir en la causa para su beneficio, los jueces atribuyeron los desvíos procesales inexplicables a meros errores cometidos por parte de operadores judiciales inferiores", argumentó Carrió.

Según Carrió, las irregularidades del tribunal "son prueba indiscutible del mal desempeño y, en efecto, aparecen claramente enderezadas y concatenadas entre sí para acreditar la existencia de alguna finalidad distinta de aquélla que impregna la administración de justicia: el beneficio del ex presidente Menem".

A su vez, planteó que esto "podría ocultar alguna conducta ilícita, si dicha finalidad estuviera atada a algún tipo de beneficio propio".

La causa, iniciada en 1995 tras la muerte de siete personas y más de 300 heridos con la voladura de la fábrica de armas de Río Tercero (Córdoba), juzgó responsable al ex presidente de la firma de tres decretos secretos entre 1991 y 1995 en los que se autorizó la venta de armamento proveniente de esas instalaciones a los ejércitos de Ecuador, Croacia y Bosnia.

La investigación judicial reveló que aquella explosión se trató, en realidad, de un acto intencional con el fin de destruir pruebas de las ventas de armas a los países en conflicto, a pesar de que Argentina había sido garante de la paz de estos conflictos ante la ONU.

Por esta causa Menem había sido condenado a siete años y medio de prisión por su participación en el tráfico de armas, pero la Corte Suprema ordenó la revisión del fallo por parte de la Cámara de Casación Penal, lo que derivó en la posterior anulación del fallo.