Argentina Pandemia

URGENTE - La Corte se declaró competente para dirimir conflicto por las clases presenciales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró "competente" para dirimir el conflicto generado por el Gobierno porteño contra el Estado Nacional por la suspensión de clases presenciales durante 15 en el Área Metropolitana de Buenos Aires dispuesta por el Gobierno nacional ante el aumento récord de casos de coronavirus.

Lunes, 19 de Abril de 2021

La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy que el planteo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia de la Nación que suspendió las clases presenciales por dos semanas en el AMBA es de "competencia originaria" de ese tribunal.
Eso significa que únicamente la Corte Suprema puede entender en el planteo que formuló la administración de Horacio Rodríguez Larreta contra el artículo segundo del decreto 241/2021, que fue el que interrumpió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (...) La acción entablada se sustanciará por la vía del proceso sumarísimo", dispusieron los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La quinta integrante de la Corte, Elena Highton de Nolasco, votó en disidencia.
El máximo tribunal notificó de la decisión a las partes y le libró oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles.
Al reivindicar la intervención exclusiva de la Corte, el fallo pone virtualmente en entredicho a la medida cautelar dispuesta por una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que el domingo por la noche dispuso la continuidad de las clases presenciales.
El voto mayoritario decidió además dejar sin efecto el traslado que había ordenado la semana pasada al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, para que interviniera en la cuestión en virtud del artículo 11 de la Ley 25.344, que especifica excepciones en el trámite de amparos y procesos sumarísimos.
El Gobierno nacional tendrá ahora cinco días para responder -a través de la Jefatura de Gabinete- los argumentos esbozados por la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
Luego, la Procuración General de la Nación tendrá la posibilidad de expedirse sobre el fondo de la cuestión.

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