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La firma cordobesa solicitó su liquidación judicial con un pasivo superior a los 20.000 millones de pesos. Una disputa interna dejó a la planta sin granos para procesar, paralizó las ventas externas e impactó de lleno en Santa Eufemia.
Un histórico actor del complejo agroexportador nacional llegó a su punto final por vía judicial. Tras más de tres décadas de trayectoria y con presencia comercial en 60 países, la firma cordobesa Manisur S.A. solicitó formalmente su propia quiebra ante los tribunales de La Carlota. En su escrito de presentación, el directorio de la compañía describió un cuadro de insolvencia definitiva e irremediable, arrastrando un pasivo exigible que trepa a los $20.337 millones frente a un activo tasado en $15.472 millones, sumado a un patrimonio neto negativo por casi 4.900 millones de pesos.
El colapso de la empresa —que había logrado cumplir con los compromisos de su concurso preventivo hasta el año pasado— se precipitó tras un ejercicio contable crítico en el que vendió por debajo del costo operativo, acumulando pérdidas en el balance por más de $6.811 millones. La imposibilidad material de reunir los fondos para afrontar la cuota judicial prevista para octubre terminó de forzar la votación unánime de los accionistas para requerir la apertura del proceso falencial.
De acuerdo con lo consignado en el expediente, el detonante inmediato de la caída fue un quiebre de confianza entre los socios mayoritarios. La procesadora había proyectado su ciclo productivo en base al compromiso de un accionista clave para suministrar cerca de 8.000 toneladas de maní, lo que motivó la contratación de personal temporario, tareas de puesta a punto y compromisos de exportación con anticipos bancarios por 350.000 dólares. Sin embargo, dicha entrega fue cancelada de manera unilateral para cubrir obligaciones ajenas, dejando a la fábrica sin insumos para procesar ni alternativas viables de financiamiento en el mercado de granos.
La paralización de las instalaciones encendió todas las alarmas en Santa Eufemia, una comunidad del departamento Juárez Celman de apenas 2.500 habitantes donde la agroexportadora representaba el motor del empleo local. Con la actividad totalmente detenida, la patronal interrumpió de forma anticipada los contratos de 65 operarios de temporada y dispuso reducciones horarias para el plantel permanente, en medio de atrasos salariales y cortes inminentes de energía eléctrica que ponen en riesgo la custodia de la maquinaria y los bienes del predio fabril.
