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El oficialismo impulsa cambios en la regulación del Central, con apoyo externo y la expectativa de modificaciones en políticas financieras
El mapa de reformas estructurales que impulsa la gestión de Javier Milei se prepara para dar una de sus batallas más profundas en el corazón del sistema financiero. El equipo económico del Palacio de Hacienda trabaja a contrarreloj en un paquete de leyes que contempla la modificación integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El gran objetivo político del oficialismo es sepultar el marco normativo vigente desde el año 2012 -introducido durante el mandato de Cristina Kirchner y bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont-, buscando limitar drásticamente los mecanismos de emisión monetaria secundaria que ampliaron el financiamiento del déficit fiscal.
El foco principal de la discordia se encuentra en el artículo 3 de la normativa actual, el cual reemplazó la misión exclusiva de resguardar el valor de la moneda por un mandato múltiple que obligaba a la entidad a ocuparse de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Milei apunta a desandar ese camino, argumentando que asignar tantas funciones abstractas solo sirvió de excusa ideológica para imprimir billetes sin control. El proyecto oficialista propone retornar al texto histórico redactado en 1992, restableciendo que la única e innegociable función de la autoridad monetaria debe ser la defensa del poder adquisitivo del peso argentino, restringiendo los adelantos transitorios que permitían girar fondos discrecionales al Tesoro Nacional.
Esta cruzada contra la denominada dominancia fiscal cosechó un fuerte respaldo internacional desde los despachos de Washington. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, manifestó el apoyo explícito del organismo hacia los cambios institucionales que diseña el Gobierno, asegurando que la reforma fortalecerá las salvaguardas para proteger la independencia del BCRA. Según la visión del Fondo, clarificar el mandato de la entidad e incrementar la transparencia en torno al financiamiento público resultan indispensables para consolidar una baja sostenida de la inflación y aumentar de forma definitiva la previsibilidad en los mercados de bonos y acciones.
Para rubricar este buen entendimiento, se confirmó que la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los días 28 y 29 de julio tras una invitación formal del Presidente. La llegada de la máxima autoridad del Fondo -que incluirá reuniones con empresarios, banqueros y referentes de la oposición- fue catalogada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una muestra de confianza al exitoso programa económico en curso, el cual logró desinflar los índices de precios al consumidor y cosechar compras de divisas en el mercado de cambios que ya superaron con comodidad los 11.000 millones de dólares en lo que va del año.
A pesar de los encendidos elogios por el superávit fiscal alcanzado, el último informe técnico elaborado por el staff report del Fondo delineó con total crudeza el pliego de condiciones que la Argentina debe sostener para mantener el programa sin descarrilamientos. El documento exige mantener una flexibilidad cambiaria continua que colabore en la reconstrucción de las reservas externas, fijando el ojo en superar con creces la meta de reservas netas establecida en 8.000 millones de dólares. Asimismo, los directores instaron a garantizar un acceso duradero a los mercados internacionales de crédito para poder refinanciar los abultados vencimientos de deuda soberana de cara al invierno.
Las exigencias de Washington también demandan avanzar a fondo en las reformas estructurales de mediano y largo plazo. El organismo reclamó el diseño de una reforma previsional integral para fines de 2027 que eleve los incentivos a los aportes formales y garantice la sostenibilidad del sistema jubilatorio, complementada por una profunda reestructuración impositiva que evalúe los gastos tributarios y modifique las alícuotas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el régimen del monotributo y el impuesto a las Ganancias. Con un pronóstico de crecimiento del Producto Bruto Interno del 3,5% para este 2026, el Fondo dejó en claro que la desregulación laboral y comercial debe continuar para liberar todo el potencial exportador de sectores estratégicos como el agro, la minería y la energía.
