El sistema de transporte público en la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación crítica tras el aumento del precio del gasoil, que impactó directamente en los costos operativos de las empresas y derivó en una reducción de frecuencias y conflictos laborales.

El combustible pasó a costar alrededor de $2050 por litro, lo que generó dificultades para sostener el servicio y obligó a las compañías a tomar medidas de ajuste.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la situación afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.

"El impacto que genera este aumento de combustible hace inviable el sistema. Es imposible que las empresas puedan pagar el combustible en efectivo como exigen las petroleras", señaló.

En los últimos días, varias líneas redujeron la frecuencia de sus servicios, mientras que otras directamente suspendieron su actividad.

Uno de los casos más críticos es el de la empresa General San Martín, que dejó de operar por falta de pago de salarios a sus trabajadores.

El sector más afectado es el de las líneas interjurisdiccionales que cruzan la avenida General Paz, donde la reducción de frecuencias supera el 30%.

En el resto de las líneas provinciales, el recorte es menor, pero responde a la misma lógica: la imposibilidad de sostener los costos.

Desde el Gobierno provincial remarcan que la reducción de servicios implica un incumplimiento de los contratos de concesión.

"Las empresas se comprometen a una frecuencia determinada y hoy se está incumpliendo", explicó Marinucci.

El conflicto también tiene un fuerte componente financiero. La provincia destina unos $65.000 millones mensuales en subsidios para sostener la tarifa del transporte y evitar un aumento en el boleto.

Sin embargo, desde la administración bonaerense denuncian que el Estado nacional adeuda pagos clave.

Según el ministro, la Nación no transfirió cerca de $46.000 millones correspondientes a los últimos meses, además de una deuda de $16.000 millones vinculada al atributo social.

En este contexto, el Gobierno provincial decidió adelantar subsidios y aumentar el porcentaje de anticipo al 60% para evitar una paralización total del sistema.

El principal temor es la quiebra de empresas, lo que podría derivar en la eliminación de servicios.

"El mayor riesgo es que las empresas quiebren. Eso no significa menos frecuencias, sino directamente desconectividad", advirtió Marinucci.

La crisis también reabre el debate sobre el financiamiento del sistema y el reparto de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

Mientras tanto, las negociaciones entre el Gobierno, las empresas y la Nación continúan, en un escenario marcado por la incertidumbre y la presión sobre uno de los servicios más utilizados por los bonaerenses.