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El Ministerio de Economía trabaja en una denuncia judicial contra los municipios que aplican tasas sobre el consumo de combustible, argumentando la existencia de una "doble imposición" que afecta tanto a personas como empresas.
El Gobierno sigue centrado en mostrar resultados tangibles en su esfuerzo por estabilizar la economía, y uno de los puntos clave de su agenda es la reducción de costos para los consumidores, especialmente en lo que respecta a los combustibles. En ese marco, el Ministerio de Economía trabaja en una denuncia judicial contra los municipios que aplican tasas sobre el consumo de combustible, argumentando la existencia de una "doble imposición" que afecta tanto a personas como empresas.
Según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), los municipios recaudaron $1300 millones entre enero y julio de este año gracias a estas tasas, lo que encarece el precio final del combustible en un promedio del 2%. Estas tasas, que se suman al impuesto sobre el combustible, no solo incrementan el costo para el consumidor, sino que también se aplican sin una contraprestación clara, según denuncian los especialistas y funcionarios como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. La Ley 23.699 establece que el impuesto al combustible ya se distribuye entre la Nación, provincias y municipios, por lo que las tasas municipales adicionales generan una sobrecarga tributaria innecesaria.
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El Ministerio de Economía está preparando una presentación judicial para combatir esta doble imposición, lo que sería un paso más en la estrategia para reducir los costos asociados al consumo de combustibles. Además, el Gobierno ya había dispuesto en septiembre pasado que las estaciones de servicio informen a los consumidores sobre la aplicación de estas tasas a través de un cartel en el surtidor. Esta medida busca mejorar la transparencia y permitir a los consumidores tomar decisiones informadas.
A pesar de estas acciones, la presión tributaria sobre los combustibles sigue siendo desigual entre los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con algunos aplicando tasas superiores al 2%, lo que puede hacer que el precio final del combustible sea hasta un 4% más caro en ciertas zonas.
