Todo este proceso se anticipa exitoso, luego del acuerdo alcanzado hace 10 días entre las partes, y después de discutir durante 8 duras jornadas sobre los alcances de los términos legales de los contratos de reestructuración que serán enviados a SEC. Sin embargo, Argentina ya fue alertada por los abogados que intervienen en la negociación sobre la aparición de un nuevo peligro que podría complicar el proceso: los “retailers”, una versión Wall Street de los locales “caranchos financieros”. Se trata de abogados especializados en litigar en los tribunales de Manhattan, también el del segundo Distrito Sur manejado por Loretta Preska, y que están a la búsqueda de casos particulares de inversores en acciones, deuda privada y pública, para demandar por posibles daños al patrimonio; alegando grises en artículos de las normas que aplica la propia SEC, con resultados inciertos. Se sabe que los “retailers” ya actúan contra el proceso de reestructuración de deuda que está protagonizando Ecuador; aludiendo que los inversores particulares no fueron citados a negociar y a discutir sus posiciones, y que en la negociación cerrada a fines de julio sólo hubo abogados representantes de los fondos de inversión. En estas presentaciones, se alude a que el diseño de los bonos fue acordado a la medida de estos fondos, y que no le conviene a las finanzas de los particulares. Por ahora no habría problemas con el proceso ecuatoriano.

Proceso despejado

El jueves de la semana pasada el proceso que encaró el presidente Lenin Moreno quedó legalmente despejado, al decidir la jueza Valerie Caproni rechazar cualquier presentación que cuestione la apertura y desarrollo del proceso de reestructuración. La magistrada del Segundo Distrito Sur de Nueva York (una ex-FBI hoy colega de nivel de Loretta Preska), le negó a los fondos de inversión Contrarian Capital Management LLC y GMO la presentación del 29 de julio de una demanda de acción colectiva para detener el proceso del país latinoamericano, aduciendo que la quita era inaceptable.

Contrarian y GMO aseguraban que se trataba de un canje “compulsivo” a partir de las amenazas de las CAC, y reclamaban acciones directas de la justicia norteamericana para frenar el proceso primero, y, suspenderlo después de haberse llegado un arreglo. Caproni dictaminó que “nadie está siendo obligado a aceptar la oferta pública”, dando por cerrada la alternativa de abrir una causa.

El fallo de Caproni, sin embargo, se basa en que no se suspendería el proceso de canje ecuatoriano; pero no trata de la cuestión de fondo sobre la legalidad final del proceso de aplicación de las cláusulas de acción colectiva (CAC). Tampoco atendió aún los reclamos de los “retailers” (minoristas) sobre la falta de información y participación en las negociaciones; todas cuestiones que quedarán para cuando el proceso termine.

Luego se armaría una causa judicial para presentar ante Preska, la que la jueza debería resolver cuando el proceso termine y los nuevos bonos ya estén emitidos. La presión sobre la jueza dependerá de la cantidad de particulares con bonos argentinos que consigan convencer los “retailers”. Judicialmente no hay antecedentes sobre los que los abogados de ambas partes puedan descansar para su éxito en eventuales demandas, ya que no hay causas ni abiertas ni cerradas sobre reestructuraciones de deudas y holdouts que hayan sido resueltas después de los cambios institucionales del 2014.

Habrá entonces una carrera entre el gobierno de Alberto Fernández y el Bank of America y el HSBC por un lado, y los abogados “retailers” por el otro.

Fuente: Ambito