El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Migraciones (25.871) a través del DNU 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, e introdujo cambios sustanciales que endurecen los requisitos para acceder a la residencia, la ciudadanía y los servicios públicos, como la salud y la educación.

Entre las modificaciones más destacadas, el decreto autoriza al Estado a cobrar por la atención sanitaria y la educación universitaria a los extranjeros que no tengan residencia permanente, y endurece los procesos de deportación. También establece nuevas condiciones para obtener la residencia y limita el uso de la "residencia precaria" como vía de arraigo o naturalización.

En cuanto al sistema de salud, el texto indica que los extranjeros residentes permanentes tendrán los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. No obstante, quienes no cuenten con esa condición deberán presentar un seguro médico o pagar previamente por el servicio, salvo en casos de emergencia, en los que no podrá negarse la atención.

Sobre educación, se establece que la gratuidad de los estudios de grado en universidades públicas se limita a argentinos nativos, por opción y extranjeros con residencia permanente. En el resto de los casos, las universidades podrán establecer aranceles.

El decreto también redefine las categorías migratorias (permanente, temporario y transitorio) y detalla que la residencia precaria será válida por hasta 90 días, renovables, pero no garantiza acceso a la residencia definitiva ni cuenta como arraigo para nacionalización.

Respecto a la reunificación familiar, se conservan los derechos de cónyuges, hijos o padres de ciudadanos argentinos o residentes, aunque se aclara que la permanencia será por un máximo de tres años y no implica necesariamente el acceso automático a una residencia permanente.

Finalmente, el Gobierno argumenta que estas medidas buscan ordenar el sistema migratorio, garantizar el equilibrio fiscal y asegurar que los servicios públicos puedan sostenerse, dejando a las provincias y universidades la posibilidad de cobrar por servicios a extranjeros sin residencia establecida.