El Gobierno Nacional ha decidido iniciar una auditoría exhaustiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría llevar a la suspensión de entre 120.000 y 160.000 beneficios en los próximos meses. La medida busca corregir irregularidades en la concesión de estas pensiones y garantizar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo el apoyo estatal.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, ya ha comenzado la revisión de aproximadamente 400.000 beneficiarios, concentrándose inicialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego en la provincia de Buenos Aires. Según la ANDIS, se estima que entre el 30% y el 40% de las pensiones revisadas podrían ser canceladas. Estos beneficios representan el 70% del valor de la jubilación mínima, que en septiembre de 2024 asciende a $164.240.

Las irregularidades detectadas incluyen la presentación de documentación médica falsificada, uso repetido de una misma radiografía en diferentes expedientes y la concesión de pensiones a personas sin condiciones de invalidez laboral. También se han encontrado incompatibilidades significativas, como la posesión de bienes no declarados o empleo formal.

Las personas más afectadas serán aquellas que no cumplen con los requisitos legales para recibir una pensión, como no tener otros ingresos estatales, no tener empleo formal y contar con insuficientes recursos económicos. Además, se están iniciando denuncias penales para sancionar a quienes hayan participado en la obtención fraudulenta de estas pensiones.

El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, subrayó que el objetivo de las auditorías es depurar el sistema y asegurar que los recursos estatales se destinen a quienes realmente lo necesitan, restaurando así la transparencia y eficiencia en la administración de estas ayudas sociales.