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Mendoza
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Legisladores oficialistas presentaron un proyecto para crear una plataforma digital oficial que permita registrar posibles infracciones ambientales en tiempo real, con geolocalización y validación de identidad.
Legisladores de Cambia Mendoza presentaron en la Legislatura un proyecto de ley para crear una plataforma digital oficial que permita a los ciudadanos denunciar presuntas infracciones ambientales mediante fotos y videos.
La iniciativa apunta a fortalecer los controles, agilizar la intervención estatal y dar mayor validez administrativa a los registros audiovisuales aportados por vecinos ante posibles daños ecológicos.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Jésica Laferte Sanabria y Néstor Majul.
La propuesta establece un marco legal para que fotografías y videos tomados por ciudadanos puedan ser incorporados como elementos de sustento en actuaciones administrativas por posibles infracciones a la normativa ambiental vigente.
Según los fundamentos, Mendoza ya cuenta con canales para realizar denuncias ambientales, como la mesa de entradas virtual o servicios de mensajería instantánea. Sin embargo, los autores sostienen que esos mecanismos presentan limitaciones para garantizar la autenticidad de las pruebas y una rápida intervención de los organismos de control.
La herramienta propuesta permitiría captar imágenes o videos en tiempo real, con georreferenciación obligatoria, sello de tiempo y mecanismos de seguridad informática para verificar la autenticidad e integridad de los archivos.
"Esta propuesta legislativa busca implementar dentro de una plataforma digital oficial la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos puedan captar, en tiempo real y con georreferenciación obligatoria, presuntas infracciones ambientales", señala el texto.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Energía y Ambiente.
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Para que la denuncia sea válida, el denunciante deberá validar previamente su identidad en el sistema. Además, el material audiovisual tendrá que ser generado exclusivamente mediante la aplicación oficial.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de medidas para evitar manipulaciones digitales.
El texto define como "contenido adulterado" a todo material generado o modificado mediante inteligencia artificial, edición o montaje que altere los hechos registrados.
Las denuncias basadas en ese tipo de contenidos serán rechazadas de manera inmediata y podrán ser derivadas a los organismos competentes para su evaluación.
La iniciativa también aclara que las fotos o videos no constituirán por sí solos una prueba concluyente de infracción.
En cambio, serán considerados elementos de sustento para elaborar informes técnicos y eventualmente abrir investigaciones administrativas.
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Incluso, la ausencia de una constatación presencial por parte de inspectores no impediría el avance de las actuaciones si los hechos quedaron debidamente documentados mediante la plataforma oficial.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que el proyecto se inspira en experiencias aplicadas en países como Chile, Uruguay y Perú, donde existen sistemas digitales de denuncias ambientales.
También argumentan que la iniciativa se encuentra alineada con los principios del Acuerdo de Escazú, ratificado por la Argentina, que promueve el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
