El Gobierno de Bolivia afirmó que la pausa de los bloqueos anunciada por el expresidente Evo Morales no respondió a un gesto de "generosidad", sino a la presión generada por el sufrimiento de la población después de más de 50 días de protestas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que el levantamiento momentáneo de los cortes representa una victoria de la gente y no de los dirigentes que impulsaron la medida de fuerza.

"Se logró poner freno no a la protesta, sino a un método de presión que estaba castigando a millones de bolivianos", señaló el funcionario, quien destacó a quienes "resistieron en paz" y querían trabajar.

Justiniano remarcó que durante las últimas semanas la población expresó su rechazo a los bloqueos, que afectaron el transporte, el desplazamiento de trabajadores, el abastecimiento de productos básicos y la actividad económica.

Tras supervisar tareas de limpieza en la carretera que une La Paz con Copacabana, el ministro advirtió que Morales deberá responder ante la ley por sus declaraciones de apoyo a los bloqueos.

"El señor Morales hizo declaraciones que han quedado registradas por la prensa. La ley tiene que actuar y buscar la responsabilidad de las personas que estuvieron a cargo de este tipo de situaciones que generaron violencia y sufrimiento para la población", afirmó.

El funcionario también pidió investigar a los dirigentes que, según dijo, financiaron y sostuvieron la protesta bajo una consigna política.

Las protestas comenzaron en el marco de una huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana, que reclamaba mejoras laborales y salariales, además de medidas frente a la falta de divisas y combustible.

Días después, organizaciones campesinas se sumaron con bloqueos en rutas, una modalidad que luego fue replicada por sectores afines a Morales en distintas regiones del país.

Durante los momentos más críticos se registraron más de un centenar de cortes en siete de los nueve departamentos de Bolivia.

Después de varios intentos fallidos de diálogo, la COB y el Gobierno llegaron a un acuerdo cuando se cumplían 50 días de bloqueos. Luego, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los cortes que seguían activos.

Tres días después de esa declaración de emergencia, Morales anunció un "cuarto intermedio" en los bloqueos. Para el Gobierno boliviano, la decisión no cambia el fondo del conflicto: la Justicia deberá determinar responsabilidades por los daños generados durante las protestas.