El mandatario se reúne con Christopher Landau para abordar una agenda dominada por millonarios proyectos energéticos, acuerdos en seguridad y el debate por las sanciones a firmas que operan en las islas sin aval oficial.
El presidente Javier Milei encabeza este viernes en Balcarce 50 una audiencia central con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro, previsto en el despacho presidencial junto a la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, tiene como trasfondo directo el debate legislativo en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, proyecto que prevé penalidades severas a compañías extranjeras que exploten recursos en el área de Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.
Durante las conversaciones preliminares desarrolladas en el Palacio San Martín, el enviado norteamericano reconoció la inquietud que la normativa genera en el sector corporativo de su país, aunque ratificó el respeto formal al debate parlamentario local. Por su parte, la Cancillería defendió el alcance de la reforma señalando que las corporaciones deberán dirimir sus prioridades operativas entre las actividades controvertidas en el archipiélago o las oportunidades de desarrollo en el territorio continental.
La cita bilateral se produce además en momentos de rispidez por la iniciativa de la administración de Donald Trump que promueve la eliminación del Comité Especial de Descolonización de la ONU, foro multilateral histórico donde se expone la controversia de soberanía. Frente a los planteos de la delegación estadounidense, que desvinculó esa reforma global del reclamo territorial específico, el Gobierno nacional remarcó que la demanda argentina en el Atlántico Sur no sufrirá alteraciones en los foros internacionales.
En el plano legislativo, el oficialismo administra con prudencia el avance del proyecto en comisiones ante las observaciones de bloques aliados sobre los apartados de inteligencia y seguridad nacional, al tiempo que busca calibrar las penalidades para evitar controversias directas con grandes fondos de inversión estadounidenses.
Más allá de las controversias de soberanía, la visita oficial dejó compromisos concretos en materia de asistencia financiera bilateral. Washington oficializó aportes no reembolsables que incluyen 7,5 millones de dólares para programas de lucha contra el narcotráfico, un convenio de hasta 10 millones de dólares enfocado en la prevención de la trata infantil suscripto por el ministro Juan Bautista Mahiques, y otros 15 millones de dólares orientados al montaje de un centro estratégico de ciberseguridad.
En el terreno productivo, el eje de las conversaciones se concentra en el esquema logístico y energético del Corredor Andes-Atlántico, diseñado para articular la producción de la minería cordillerana y la formación de Vaca Muerta hacia las terminales portuarias. La estructura contempla proyecciones de financiamiento a través del Export-Import Bank por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 y abre la puerta a esquemas de inversión privada que las autoridades diplomáticas sitúan en torno a los 20.000 millones de dólares, en la antesala de la llegada del vicepresidente J.D. Vance al país.